Texto de la entrevista para la sección de Economía de rtve.es
¿Cree que es sostenible el ritmo de gasto sanitario de España en los últimos años?
En la década pasada hemos asistido también a una burbuja sanitaria en España de una dimensión destacable. En tan sólo 7 años, entre 2002 y 2009, el gasto real por persona en sanidad pública ha crecido en un 41%, cuatro veces más deprisa que el PIB. La caída libre de los ingresos públicos desde el año 2008, que no parece precisamente transitoria, ha puesto al descubierto la ineludible necesidad de ajustar las expectativas de la sanidad a la capacidad real que tiene nuestro bolsillo de generar ingresos públicos. El crecimiento del gasto sanitario público en la época de aumento continuado de los ingresos públicos, hasta 2007, ya era del todo insostenible. Podríamos sospechar, sin exagerar, que hemos asistido a una burbuja sanitaria; ver el gráfico que he publicado en mi blog: http://pilleconomics.blogspot.com/2011/11/una-decada-de-gasto-sanitario-publico-y.html). Es conveniente buscar la región de viabilidad en las inecuaciones de la sanidad pública en la que se encuentra después del frenazo de la burbuja de ingresos.
¿Por qué algunas comunidades autónomas están recortando en Sanidad?
La necesidad de ajustar el gasto para preservar los servicios de más valor y necesidad es inevitable, si bien puede acabar resultando excesivo el sacrificio exigido a la sanidad por culpa del propio sistema de financiación autonómica. La caída de los ingresos públicos en más de un 30% a partir del 2008, y sin perspectiva de recuperación, ha puesto de relieve que TODAS las CCAA han utilizado ingresos que eran extraordinarios para financiar gasto sanitario que se convierte en recurrente. Ni el nivel de endeudamiento de la mayoría de CCAA ni los ingresos esperados para 2012 permiten sostener el nivel de gasto sanitario de las CCAA que no hacen recortes (o sea, todas, excepto Cataluña). Esto no deja de ser un ejercicio de falta de responsabilidad política ya que no podemos continuar pagando este gasto hinchado que heredamos del período de la burbuja inmobiliaria. Tampoco es justificado esperar a anunciar recortes a después de las elecciones, esto nos sale muy caro con el coste del endeudamiento. Creo que es un comportamiento equivocado, no resolveremos los problemas con presupuestos no realistas; no sólo no resolveremos el incentivo a gastar más de los proveedores sanitarios sino que alimentamos la falta de confianza en el cumplimiento de los objetivos presupuestarios de España ante la UE y ante los inversores.
¿Cómo se puede reconducir el gasto sanitario sin afectar a la calidad asistencial?
En lugar de recortes uniformes, en países como Reino Unido y Australia, ha hecho fortuna el concepto de desinversión sanitaria en el debate sobre el futuro de la sanidad pública en un contexto de congelación o retroceso fiscal. Desinvertir es eliminar práctica médica, medicamentos o tecnologías para los que existe evidencia científica de que aportan poco o ningún beneficio a la salud. La agencia de evaluación británica NICE publica en su página web listas de actuaciones clínicas que no deberían llevarse a cabo ante determinados diagnósticos y casos en los que no se debería derivar el paciente al especialista. El prestigioso British Medical Journal preguntó en marzo del año pasado a 13 destacados expertos clínicos de diferentes especialidades médicas y quirúrgicas qué se podía hacer para desinvertir en su práctica clínica. El resultado fue una lista concreta de actuaciones clínicas que se hacen a diario y que no son recomendables ni por el riesgo que suponen ni por el escaso o nulo impacto sobre la salud. Las recomendaciones de desinversión clínica van desde reducir el exceso de pruebas diagnósticas, hasta la cirugía innecesaria de columna vertebral, pasando por la medicación inadecuada en psiquiatría o en pacientes con insuficiencia respiratoria.
En un manifiesto reciente de 7 investigadores de la Asociación de Economía de la Salud (www.aes.es) hemos afirmado que “entendemos por desinversión el proceso explícito mediante el cual se dejan de financiar parcial o completamente medicamentos, dispositivos, aparatos, procedimientos o servicios con escaso valor clínico. Distinguimos dos áreas de actuación: las intervenciones de valor dudoso y la mala calidad de los servicios prestados. En el primer grupo se incluyen intervenciones inefectivas (como la prescripción de estatinas en prevención primaria de muerte por cardiopatía isquémica); aquéllas en las que el balance beneficio-riesgo se desplaza netamente hacia el segundo (cualquier cirugía electiva en paciente no elegible); las prescindibles por innecesarias (entre otras, un tercio de los tratamientos antibióticos en Atención Primaria); las potencialmente “cosméticas” (como la operación estética de varices); las eficaces con alternativas más coste-efectivas que deberían ser consideradas en primer lugar (por ejemplo, la mitad de los tratamientos de osteoporosis); y las intervenciones efectivas pero con relación beneficio-riesgo incierta para el caso de los pacientes “intermedios” (como las cirugías de cadera, rodilla o cataratas). En el segundo grupo (mala calidad de los servicios prestados) se incluyen los efectos adversos evitables derivados de la prestación de servicios médicos (infecciones hospitalarias, errores de medicación, etc.)”.
¿Cree que en España vamos mucho al médico y tomamos demasiados medicamentos? ¿Sería una buena solución el copago?
Ni más actos médicos ni más recursos significan siempre más salud. Si se eliminan intervenciones clínicas de bajo valor es mucho más probable que se preserve la calidad de la atención que si se recorta de forma indiscriminada. El número de visitas por persona en España sigue siendo de los más elevados de la zona Euro, si bien la interpretación de este hecho debe huir de explicaciones demasiado simplistas; a ello contribuye tanto la naturaleza puramente burocrática de algunas visitas, como la falta de resolución de la atención primaria o el bajo cumplimiento terapéutico de una mayoría de enfermos crónicos. Mientras el precio de muchos medicamentos ha disminuido, el número de recetas por persona desde 1999 hasta 2009 es el factor con una mayor responsabilidad en la evolución del gasto público ya que ha aumentado casi un 30% en tan sólo una década, alrededor de 4,5 recetas al año por persona en 2009, y eso descontando el efecto del envejecimiento. En los sistemas nacionales de salud del norte de Europa la cobertura suele ser, asimismo, amplia, pero también se pagan más impuestos y hay bastantes copagos, aunque limitados en cuantía y normalmente vinculados al nivel de renta. En ningún país se equipara acceso universal con gratuidad absoluta en el momento de utilizar los servicios. En definitiva, lo que yo recomendaría: 1) modificar el diseño del copago farmacéutico, eliminando la arbitraria distinción entre activos y pensionistas, e incluir los medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria; 2) introducir un copago fijo en las visitas –y en las urgencias; 3) introducir tasas por servicios complementarios cubiertos y precios públicos por prestaciones actualmente no cubiertas; 4) modular los copagos en función de criterios clínicos y de coste-efectividad con copagos evitables siempre que sea posible; y 5) implementar mecanismos de protección de los más débiles económicamente y los más enfermos. Esto podría consistir en la fijación de un límite máximo de contribución al trimestre o al año en función de la renta familiar, con exención total de las rentas más bajas, ya sean procedentes del trabajo o la pensión, y tratamiento especial de los casos de enfermedad crónica o multipatología. El copago y otras formas de contribución no deben empobrecer, por lo que el límite debería suponer un porcentaje reducido de la renta familiar.
Los dos grandes partidos aseguran en sus programas electorales que no van a tocar la Sanidad. ¿Es posible cuadrar las cuentas públicas sin reducir la factura sanitaria?
La presión sobre el gasto sanitario, aunque parcialmente justificada, está tomando un protagonismo superior al que le corresponde por culpa de la propia distribución competencial entre niveles de gobierno y del sistema de financiación autonómica. De seguir así supondrá un sacrificio inútil en años y calidad de vida. La sanidad es el servicio público que se utiliza con mayor frecuencia, el más accesible, uno de los mejor valorados y el que los ciudadanos opinan que más justifica y más se adecua a los impuestos que se pagan. Pero también es el que opinan que tiene más margen de mejora. De hecho son ya varias las encuestas acumuladas que confirman la disposición a pagar un poco más en forma de impuestos o incluso de tasas, precios públicos o copago siempre que esos ingresos se destinen de forma finalista a sanidad. Ahora bien, tal como hemos señalado en el manifiesto de los 7 investidadores de la Asociación de Economía de la Salud, “en el contexto actual, la sanidad pública debe apretarse el cinturón para contribuir a que el déficit público se reduzca. Ello no debe impedir que se articulen mecanismos de financiación de las deudas ya contraídas con proveedores, y para ello proponemos la aprobación de un plan plurianual de refinanciación que comprometa tanto al Estado como a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, y al margen de que haya que cubrir estas necesidades perentorias, no es posible seguir manteniendo en el futuro el ritmo de crecimiento del gasto público sanitario de la pasada década. Así, creemos que seguir defendiendo aumentos del gasto sanitario ante la presente coyuntura económica es irreal y poco conveniente. El amparo que proporcionan las cifras de gasto de otros países (más elevadas que las nuestras) a quienes piden más recursos para la sanidad, no es tal si pensamos que: a) el sistema de protección social que un país puede sustentar está en relación directa con la recaudación que proporciona su sistema fiscal, y que b) lo realmente importante, más allá del montante total de recursos invertidos, es lo que se obtiene a cambio de ellos”.
¿Considera que la obligación de recetar por principio activo disminuirá el gasto en medicamentos?
Recetar por principio activo es una medida más estética que efectiva. De nada serviría recetar el producto de marca más caro pero igualmente efectivo que otro principio activo de precio más bajo utilizando el nombre de la sustancia química o principio. Tanto es así que la medida acordada en el Consejo de Ministros del pasado 19 de agosto ya preve que en el caso de los medicamentos de marca aún protegidos por una patente o mecanismo equivalente vigente, no existirá la poco útil obligatoriedad de recetar por principio activo, la cual redundaría en un daño industrial a cambio de ninguna ganancia. Lo verdaderamente importante es que desde el primer momento en el que existan medicamentos idénticos en el mercado y con precios distintos, sin ningún retraso sospechosamente discrecional, la farmacia se vea obligada a dispensar siempre el de precio más bajo. Esta sustitución obligatoria será efectiva para promover que los laboratorios tengan incentivos a reducir el precio de venta al público de sus medicamentos ya que con ello pueden ganar ventas y cuota de mercado. Si esto se aplica correctamente se puede corregir el defecto que hasta ahora concentraba la competencia de precios en el precio de compra de las farmacias a los laboratorios mientras que el precio pagado por el sistema público bajaba lentamente y las farmacias obtenían elevados descuentos. Ahora habrá más incentivos a hacer que el ahorro de las reducciones de precios llegue antes al presupuesto público, si bien se agravan las debilidades del actual sistema retributivo de las farmacias mediante márgenes comerciales. Una buena reforma sería suprimir el actual sistema de precios de referencia de los medicamentos y dejar sólo la sustitución obligatoria en la farmacia por el medicamento más barato. Con este sistema, si el paciente prefiere un genérico o una marca más caras que el de precio más bajo, simplemente decide (o no) pagar la diferencia y se lo lleva. Esto permitiría que las marcas mantuvieran un precio ligeramente más elevado, de forma que los genéricos mantendrían su ventaja competitiva que sólo puede residir en la diferencia de precio respecto de las marcas.
sábado, 26 de noviembre de 2011
miércoles, 23 de noviembre de 2011
PAGAR PER RESULTATS
Comentari publicat al Diari ARA el 26/11/2011
Un contracte de riscos compartits és un acord que distribueix el risc financer i el resultat en salut d’un tractament car i incert generalment entre empreses farmacèutiques i asseguradors. Ambdós es reparteixen aquest risc derivat de la incertesa inicial sobre l’efectivitat del tractament i sobre el cost. Aquests tipus d’acord fa anys que es fan servir a altres països. La idea és pagar segons resultats: si no és efectiu no es paga i el preu disminueix si no s’arriba als objectius de salut. Acostumats a finançar-ho tot al preu que fixi l’Estat, és bona notícia que s’engegui un experiment d’aquest tipus a Catalunya. Convé ara molta transparència en l’avaluació dels resultats i sobretot fer complir el contracte. L’experiència anglesa aconsella un ús molt selectiu del risc compartit ja que en cap cas ha de ser una porta del darrera pels nous fàrmacs sense eficàcia o amb un cost excessiu per any de vida.
Un contracte de riscos compartits és un acord que distribueix el risc financer i el resultat en salut d’un tractament car i incert generalment entre empreses farmacèutiques i asseguradors. Ambdós es reparteixen aquest risc derivat de la incertesa inicial sobre l’efectivitat del tractament i sobre el cost. Aquests tipus d’acord fa anys que es fan servir a altres països. La idea és pagar segons resultats: si no és efectiu no es paga i el preu disminueix si no s’arriba als objectius de salut. Acostumats a finançar-ho tot al preu que fixi l’Estat, és bona notícia que s’engegui un experiment d’aquest tipus a Catalunya. Convé ara molta transparència en l’avaluació dels resultats i sobretot fer complir el contracte. L’experiència anglesa aconsella un ús molt selectiu del risc compartit ja que en cap cas ha de ser una porta del darrera pels nous fàrmacs sense eficàcia o amb un cost excessiu per any de vida.
MODERADOR O RECAPTADOR?
Comentari publicat al Diari ARA 24/11/2011
El que paguem pels molts medicaments que consumim no ha canviat des dels Pactes de la Moncloa de 1978. Només els actius paguen una part del preu mentre als pensionistes se’ls atorga sense més prova de mitjans la gratuïtat. Més de 30 anys després sabem que paguem poc més del 6% del cost, que el preu zero fomenta un consum excessiu i que la gratuïtat a tot pensionista no garanteix que la subvenció la focalitzem en els més desafavorits. El tiquet moderador proposat pel govern català, a falta de major concreció, es pot entendre més com una taxa afegida que no pas com un canvi en l’actual sistema. Si la taxa és reduïda, exceptua només als sense recursos de qualsevol edat, limita el màxim anual que es pot fer pagar a cadascú i no serveix per posposar la reforma urgent del copagament estatal, llavors resultarà ser una bona idea. Ho serà més encara si els prescriptors s’impliquen en la moderació.
Veure notícia i comentari a TV3 el 24/11/2011
El que paguem pels molts medicaments que consumim no ha canviat des dels Pactes de la Moncloa de 1978. Només els actius paguen una part del preu mentre als pensionistes se’ls atorga sense més prova de mitjans la gratuïtat. Més de 30 anys després sabem que paguem poc més del 6% del cost, que el preu zero fomenta un consum excessiu i que la gratuïtat a tot pensionista no garanteix que la subvenció la focalitzem en els més desafavorits. El tiquet moderador proposat pel govern català, a falta de major concreció, es pot entendre més com una taxa afegida que no pas com un canvi en l’actual sistema. Si la taxa és reduïda, exceptua només als sense recursos de qualsevol edat, limita el màxim anual que es pot fer pagar a cadascú i no serveix per posposar la reforma urgent del copagament estatal, llavors resultarà ser una bona idea. Ho serà més encara si els prescriptors s’impliquen en la moderació.
Veure notícia i comentari a TV3 el 24/11/2011
martes, 15 de noviembre de 2011
EL GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO EN LOS HOSPITALES, 2003-2009
De forma creciente en la última década una parte bastante importante del gasto en medicamentos se ha transferido hacia la dispensación hospitalaria. En 2009 el gasto público en medicamentos de los hospitales asciende a 4.819 millones de euros. En su mayor parte, se trata de medicamentos de precio unitario elevado y, en bastantes ocasiones, con un valor terapéutico añadido limitado o con una elevada incertidumbre sobre la magnitud de su beneficio incremental.
Mientras la reducción de precios de los genéricos y la escasez de nuevos principios activos blockbuster ha reducido el precio medio de los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia, el gasto público total en medicamentos ha crecido por el aumento de las recetas extrahospitalarias por persona y por un gasto creciente, especialmente desde 2005 -cuando se empieza a moderar más el gasto extrahospitalario-, en los medicamentos hospitalarios.
En 2009 el gasto farmacéutico de los hospitales ya representa más de una cuarta parte de todo el gasto farmacéutico (el 26,4%), habiendo aumentado en 4,5 puntos percentuales su participación en el gasto total desde el año 2005.
Desde el año 2003 hasta el año 2009, en seis años, el gasto farmacéutico público total (tanto el extrahospitalario como el hospitalario) ha aumentado en un 11,7% por persona protegida en términos reales, descontando el efecto de la inflación general. este mismo aumento por persona en estos seis años ha sido del 27,4% para los medicamentos hospitalarios, según se desprende de las cifras del Sistema de Cuentas en Salud. Como referencia comparativa, entre 2003 y 2009 los ingresos públicos por persona en términos reales se reducen en un 7%, como resultado de la caída de ingresos públicos de 2008 y 2009.
lunes, 7 de noviembre de 2011
UNA DÉCADA DE GASTO SANITARIO PÚBLICO Y PIB EN ESPAÑA
¿QUO VADIS, SNS? LA BURBUJA SANITARIA
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OECD Health Statistics a 7/11/2011
En la década pasada hemos asistido también a una burbuja sanitaria en España de una dimensión destacable. En tan sólo 7 años, entre 2002 y 2009, el gasto real por persona en sanidad pública ha crecido en un 41%, cuatro veces más deprisa que el PIB. La caída libre de los ingresos públicos desde el año 2008, que no parece precisamente transitoria, ha puesto al descubierto la ineludible necesidad de ajustar las expectativas de la sanidad a la capacidad real que tiene nuestro bolsillo de generar ingresos públicos. El crecimiento del gasto sanitario público en la época de aumento continuado de los ingresos públicos, hasta 2007, ya era del todo insostenible. Podríamos sospechar, sin exagerar, que hemos asistido a una burbuja sanitaria. Es conveniente buscar la región de viabilidad en las inecuaciones de la sanidad pública en la que se encuentra después del frenazo de la burbuja de ingresos.
Siete investigadores de la Asociación de Economía de la Salud (AES) hemos publicado un manifiesto sobre la situación de la sanidad pública española ante la crisis:
http://www.aes.es/actualidad.php
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de OECD Health Statistics a 7/11/2011
En la década pasada hemos asistido también a una burbuja sanitaria en España de una dimensión destacable. En tan sólo 7 años, entre 2002 y 2009, el gasto real por persona en sanidad pública ha crecido en un 41%, cuatro veces más deprisa que el PIB. La caída libre de los ingresos públicos desde el año 2008, que no parece precisamente transitoria, ha puesto al descubierto la ineludible necesidad de ajustar las expectativas de la sanidad a la capacidad real que tiene nuestro bolsillo de generar ingresos públicos. El crecimiento del gasto sanitario público en la época de aumento continuado de los ingresos públicos, hasta 2007, ya era del todo insostenible. Podríamos sospechar, sin exagerar, que hemos asistido a una burbuja sanitaria. Es conveniente buscar la región de viabilidad en las inecuaciones de la sanidad pública en la que se encuentra después del frenazo de la burbuja de ingresos.
Siete investigadores de la Asociación de Economía de la Salud (AES) hemos publicado un manifiesto sobre la situación de la sanidad pública española ante la crisis:
http://www.aes.es/actualidad.php
UNA DÉCADA DE RECETAS EN EL SNS: 1999-2009
OBJETIVO.- Analizar de forma descriptiva los factores determinantes fundamentales del gasto agregado en medicamentos de prescripción a cargo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y dispensados en oficinas de farmacia en los últimos diez años.
MÉTODO.- Una forma bastante sencilla de analizar el comportamiento del gasto en recetas farmacéuticas del SNS dispensadas en oficinas de farmacia consiste en descomponer los determinantes fundamentales del gasto agregado en medicamentos. Para ello se puede emplear la siguiente identidad contable para descomponer el gasto público agregado a cargo del SNS:
El gasto público real es el gasto corriente financiado por el SNS en concepto de recetas dispensadas en oficinas de farmacia deflactado por el índice de precios al consumo del INE.
Los dos primeros factores de la descomposición del gasto representan el factor demográfico (población protegida e índice de envejecimiento). La población protegida es el número de personas con derecho a atención farmacéutica con cargo a la financiación del SNS, ya sean activos o pensionistas. El índice de envejecimiento representa el incremento en el número de recetas debido a cambios en la estructura de edades adoptando el perfil del gasto por persona de cada grupo de edad en el año 2005. Cuando se aplica el índice de envejecimiento sobre la población protegida se obtiene la población ajustada por envejecimiento (PPA).
El número de recetas por persona protegida ajustada (PPA) representa el factor cantidad, identificado en este caso a través del número de recetas al no disponer de indicadores tales como el número de dosis diarias definidas (DDD).
El factor precio se encuentra representado mediante el precio medio real por receta deflactado utilizando el índice de precios al consumo. Este factor precio se calcula como el ratio entre el importe total de las recetas dispensadas en las oficinas de farmacia valoradas al precio pagado por el SNS y el número de recetas. El precio pagado por el SNS es el precio de venta al público menos las deducciones aplicadas sobre los márgenes comerciales de distribución.
El factor cobertura pública representa la proporción en la que el gasto valorado a precio pagado por el SNS es financiado con cargo al SNS, siendo el resto financiado con cargo al paciente (copago).
FUENTES DE INFORMACIÓN.- La cifra de población protegida procede de los “Recursos del SNS” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Recursos_Red_2011.xls). Las cifras de gasto y número de recetas de la prestación farmacéutica del SNS proceden del Boletín de Información Terapéutica del SNS (varios años). El índice de envejecimiento se ha adoptado del informe “El impacto de la demografía sobre el gasto sanitario futuro de las CCAA” (D. Casado, J. Puig-Junoy y R. Puig; Fundación Pfizer, Madrid, 2009). El índice de precios al consumo corresponde al mes de junio de cada año según el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).
RESULTADOS.- En la Tabla siguiente se puede observar la evolución temporal de estos factores.
El gráfico siguiente muestra la evolución de los factores determinantes del gasto público real en números índice (1999=100):
El gasto público real (deflactado por el índice de precios al consumo) a cargo del SNS por recetas de medicamentos dispensados en oficinas de farmacia ha aumentado en cerca de un 46% durante los diez años analizados. El gasto público por persona ha crecido en este mismo período un 25%, con un crecimiento mucho más acentuado en la primera mitad del período.
El factor demográfico (aumento de la población protegida y envejecimiento) ha supuesto un crecimiento continuado del gasto público en un 26,4% en estos diez años (1999-2009). El fuerte aumento de la población protegida, especialmente entre 2000 y 2008, aporta la parte mayoritaria de este crecimiento, casi 17 puntos de este crecimiento.
El factor cantidad, número de recetas por persona (descontando el efecto del envejecimiento), es el factor con una mayor responsabilidad en la evolución del gasto público ya que ha aumentado casi un 30% en tan sólo una década (alrededor de 4,5 recetas al año por persona en 2009 con la estructura de edades de 1999).
En cambio, el factor precio ha sido el único instrumento de moderación de la evolución del gasto, especialmente entre 2004 y 2008, acumulando hasta 2009 una reducción ligeramente superior al 11% en el precio medio real por receta.
Finalmente, el factor cobertura pública ha contribuido a un ligero aumento del gasto público (un 1,4% en la década) en paralelo con la reducción de la tasa efectiva de copago a cargo del usuario.
En el gráfico siguiente se observa la contribución de cada uno de los factores determinantes por cada 100 euros de aumento del gasto farmacéutico total en términos reales (deflactado por el IPC) a cargo del SNS por recetas médicas dispensadas en oficinas de farmacia entre 1999 y 2009:
De cada cien euros de aumento del gasto público a cargo del SNS durante esta década, 62,5 han sido ocasionados por el factor cantidad, 52,6 por los factores demográficos (15 puntos porcentuales atribuibles al efecto del envejecimiento o cambio en la estructura de edades) y 2,9 por el efecto cobertura pública, mientras que el factor precio ha supuesto una reducción de 23,5 euros.
CONCLUSIONES.- El gasto público por persona en recetas médicas del SNS dispensadas en oficinas de farmacia ha crecido en una cuarta parte en términos reales entre 1999 y 2009. El envejecimiento explica bastante menos de una tercera parte de este crecimiento si el perfil de gasto per persona según edad de 2005 se hubiera mantenido durante el período. El principal determinante de este notable aumento de recursos es un aumento del 30% en el número de recetas por persona, una vez se ha ajustado por el efecto del envejecimiento. El factor precio ha sido el que ha permitido mitigar el impacto de factor cantidad, especialmente entre 2004 y 2008, con una reducción del precio medio real por receta de más del 11% durante esta década.
MÉTODO.- Una forma bastante sencilla de analizar el comportamiento del gasto en recetas farmacéuticas del SNS dispensadas en oficinas de farmacia consiste en descomponer los determinantes fundamentales del gasto agregado en medicamentos. Para ello se puede emplear la siguiente identidad contable para descomponer el gasto público agregado a cargo del SNS:
El gasto público real es el gasto corriente financiado por el SNS en concepto de recetas dispensadas en oficinas de farmacia deflactado por el índice de precios al consumo del INE.
Los dos primeros factores de la descomposición del gasto representan el factor demográfico (población protegida e índice de envejecimiento). La población protegida es el número de personas con derecho a atención farmacéutica con cargo a la financiación del SNS, ya sean activos o pensionistas. El índice de envejecimiento representa el incremento en el número de recetas debido a cambios en la estructura de edades adoptando el perfil del gasto por persona de cada grupo de edad en el año 2005. Cuando se aplica el índice de envejecimiento sobre la población protegida se obtiene la población ajustada por envejecimiento (PPA).
El número de recetas por persona protegida ajustada (PPA) representa el factor cantidad, identificado en este caso a través del número de recetas al no disponer de indicadores tales como el número de dosis diarias definidas (DDD).
El factor precio se encuentra representado mediante el precio medio real por receta deflactado utilizando el índice de precios al consumo. Este factor precio se calcula como el ratio entre el importe total de las recetas dispensadas en las oficinas de farmacia valoradas al precio pagado por el SNS y el número de recetas. El precio pagado por el SNS es el precio de venta al público menos las deducciones aplicadas sobre los márgenes comerciales de distribución.
El factor cobertura pública representa la proporción en la que el gasto valorado a precio pagado por el SNS es financiado con cargo al SNS, siendo el resto financiado con cargo al paciente (copago).
FUENTES DE INFORMACIÓN.- La cifra de población protegida procede de los “Recursos del SNS” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Recursos_Red_2011.xls). Las cifras de gasto y número de recetas de la prestación farmacéutica del SNS proceden del Boletín de Información Terapéutica del SNS (varios años). El índice de envejecimiento se ha adoptado del informe “El impacto de la demografía sobre el gasto sanitario futuro de las CCAA” (D. Casado, J. Puig-Junoy y R. Puig; Fundación Pfizer, Madrid, 2009). El índice de precios al consumo corresponde al mes de junio de cada año según el Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).
RESULTADOS.- En la Tabla siguiente se puede observar la evolución temporal de estos factores.
El gráfico siguiente muestra la evolución de los factores determinantes del gasto público real en números índice (1999=100):
El gasto público real (deflactado por el índice de precios al consumo) a cargo del SNS por recetas de medicamentos dispensados en oficinas de farmacia ha aumentado en cerca de un 46% durante los diez años analizados. El gasto público por persona ha crecido en este mismo período un 25%, con un crecimiento mucho más acentuado en la primera mitad del período.
El factor demográfico (aumento de la población protegida y envejecimiento) ha supuesto un crecimiento continuado del gasto público en un 26,4% en estos diez años (1999-2009). El fuerte aumento de la población protegida, especialmente entre 2000 y 2008, aporta la parte mayoritaria de este crecimiento, casi 17 puntos de este crecimiento.
El factor cantidad, número de recetas por persona (descontando el efecto del envejecimiento), es el factor con una mayor responsabilidad en la evolución del gasto público ya que ha aumentado casi un 30% en tan sólo una década (alrededor de 4,5 recetas al año por persona en 2009 con la estructura de edades de 1999).
En cambio, el factor precio ha sido el único instrumento de moderación de la evolución del gasto, especialmente entre 2004 y 2008, acumulando hasta 2009 una reducción ligeramente superior al 11% en el precio medio real por receta.
Finalmente, el factor cobertura pública ha contribuido a un ligero aumento del gasto público (un 1,4% en la década) en paralelo con la reducción de la tasa efectiva de copago a cargo del usuario.
En el gráfico siguiente se observa la contribución de cada uno de los factores determinantes por cada 100 euros de aumento del gasto farmacéutico total en términos reales (deflactado por el IPC) a cargo del SNS por recetas médicas dispensadas en oficinas de farmacia entre 1999 y 2009:
De cada cien euros de aumento del gasto público a cargo del SNS durante esta década, 62,5 han sido ocasionados por el factor cantidad, 52,6 por los factores demográficos (15 puntos porcentuales atribuibles al efecto del envejecimiento o cambio en la estructura de edades) y 2,9 por el efecto cobertura pública, mientras que el factor precio ha supuesto una reducción de 23,5 euros.
CONCLUSIONES.- El gasto público por persona en recetas médicas del SNS dispensadas en oficinas de farmacia ha crecido en una cuarta parte en términos reales entre 1999 y 2009. El envejecimiento explica bastante menos de una tercera parte de este crecimiento si el perfil de gasto per persona según edad de 2005 se hubiera mantenido durante el período. El principal determinante de este notable aumento de recursos es un aumento del 30% en el número de recetas por persona, una vez se ha ajustado por el efecto del envejecimiento. El factor precio ha sido el que ha permitido mitigar el impacto de factor cantidad, especialmente entre 2004 y 2008, con una reducción del precio medio real por receta de más del 11% durante esta década.
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