DÉFICIT (PSEUDO) SANITARIO

Artículo publicado en EL PERIÓDICO de Catalunya, 3/02/2011

El déficit presupuestario atribuido a la sanidad catalana es sólo el resultado visible de unos presupuestos iniciales bastante inferiores a las necesidades históricas e ineludibles de gasto, de la elevada especialización sanitaria de los presupuestos autonómicos, y del maltrato acumulado al que el sistema de financiación autonómica la ha sometido no siendo compensada adecuadamente durante una década por un impulso demográfico muy fuerte y asimétrico (mucha más población y más personas mayores). El gasto público por persona protegida en Catalunya es inferior al promedio del resto de Comunidades y equivale al 68% del de La Rioja o al 85% del de Cantabria (cifras de 2007).

En realidad, la caída brusca de los ingresos públicos ha puesto al descubierto una inercia generalizada de aumento del gasto sanitario español en la última década muy superior al PIB que no era ya sostenible ni en la época de bonanza económica y que sólo encuentra coartada parcial en los cambios demográficos para uno de cada tres euros de mayor gasto.

Dos de cada tres euros de más gasto sanitario se han debido a factores sobre los que la gestión y organización de los servicios pueden influir: se deben a que cada año los mismos usuarios de todas las edades frecuentan más los centros de salud, van a buscar más medicamentos a la farmacia e ingresan más en hospitales; y en los centros sanitarios se les diagnostica con más y más caras pruebas diagnósticas y se les trata con más medicamentos y tecnologías médicas mucho más caros.

Esto no tiene nada que ver con el envejecimiento, ocurre para todas las edades. Tampoco se justifica por los resultados en salud: no por ir más al médico estamos más sanos (más bien es prueba de lo contrario), ni hay evidencia de que por acumular pruebas diagnósticas innecesarias o inapropiadas, o que por atiborrarnos de fármacos reductores del colesterol o de anti-ulcerosos mucho más caros vamos a vivir más. Más consumo sanitario no es mejor salud ni mejor calidad de vida.

Hay que mitigar dos problemas principales: la ausencia de criterios de cobertura de prestaciones y de compra de servicios sanitarios basados en resultados en salud; y la falta de corresponsabilidad financiera de casi todos los agentes implicados.

Estos problemas no se atajan de forma eficiente con medidas rápidas pero ineficaces (elevado coste en salud) de regulación financiera “ciega” que reducen de forma unilateral el precio de todos los medicamentos nuevos sea cual sea su contribución a la mejora de la salud, mientras sigue aumentando de forma galopante el número de recetas por persona, o eliminando las últimas prestaciones adoptadas equiparando reciente a menos necesario, o suprimiendo arbitrariamente la cobertura de vacantes o bajas laborales en los hospitales o centros de salud, etc.

En cambio, podría ser más útil empezar por medidas que actúen en las tres direcciones siguientes, haciendo más “gestionables” esos dos tercios del aumento del gasto. En primer lugar, seguir el ejemplo de países como Reino Unido, Alemania, Holanda o Suecia y someter la toma de decisiones sobre innovaciones sanitarias al filtro de agencias independientes y comités de expertos como condición necesaria para defender el valor de las innovaciones eficaces y efectivas y asegurar que los limitados recursos disponibles se destinen a tratamientos que valen lo que cuestan.

En segundo lugar, fomentar la corresponsabilización de pacientes, prescriptores e industria basada en el conocimiento científico. La de la industria mediante contratos de riesgo compartido (si no es eficaz, no hay pago) hasta demostrar la efectividad de los nuevos medicamentos o tecnologías. La de los pacientes redistribuyendo el copago farmacéutico actual hacia copagos evitables (no pagar más por lo mismo y que si el paciente lo desea pague la diferencia de precio), y diferenciales (cuanto más necesario y costo/efectivo, menor copago), de los que quedarían exentos sólo los realmente más pobres. La de los prescriptores favoreciendo adecuar la práctica clínica al conocimiento científico y reduciendo las variaciones injustificadas en esta práctica.

Y, en tercer lugar, pagando por resultados en salud: pagar más por tener a los pacientes sanos que no por tener más descompensaciones de pacientes crónicos o más reingresos por complicaciones después de una intervención quirúrgica o por excesos en la cirugía electiva; pagar más por visitas resolutivas que por irse reenviando al paciente entre profesionales sin resolver su problema de salud. Ello requiere integrar los presupuestos compartimentados entre niveles asistenciales (primaria, especializada, socio-sanitaria, farmacia) mediante una financiación fija preestablecida por toda la atención de una persona según sus características (riesgos) que ayude a visualizar el coste integral de la atención a un paciente limitando la visión parcial y fragmentada que hoy centrifuga y encubre la falta de resolución clínica.