Artículo publicado en elpais.com el 10 de mayo de 2011
Jaume Puig-Junoy y Marisol Rodríguez Martínez
Mientras que casi nadie cuestiona nuestro copago farmacéutico, a pesar de que requiere reforma urgente, hay un rechazo apriorístico a evaluar la conveniencia de introducir otros copagos en el sistema sanitario.
En nueve de los 15 países de la UE-15 existen copagos para todos los tipos de servicios: visitas médicas, hospitalizaciones, farmacia, atención dental y otros servicios, como urgencias, pruebas diagnósticas, transporte sanitario, prótesis, etc. De esos nueve países, siete tienen un sistema de salud que responde al modelo de Seguridad Social (modelo Bismark) y dos son países nórdicos (Finlandia y Suecia) con sistema nacional de salud tipo Beveridge. Los sistemas de seguridad social suelen tener un grado de cobertura mayor, estipulada y delimitada explícitamente, con gran nivel de elección y muchos copagos.
En los sistemas nacionales de salud del norte de Europa la cobertura suele ser, asimismo, amplia, pero también se pagan más impuestos y hay bastantes copagos, aunque limitados en cuantía y normalmente vinculados al nivel de renta. En ningún país se equipara acceso universal con gratuidad absoluta en el momento de utilizar los servicios.
Es bien conocido que cuando algo está plenamente asegurado, los individuos tendemos a mostrar menos cuidado en conservarlo y cuidarlo. Además, como “ya hemos pagado” y nos cuesta cero en el momento de consumo, tendemos a sobreconsumirlo. El objetivo de los copagos es triple: moderar el consumo, corresponsabilizando a los ciudadanos; conseguir que los servicios que se dejan de consumir sean los de menos valor para no afectar a la salud; y, en ocasiones, servir de fuente adicional de financiación de la sanidad. Mal aplicados, sin embargo, tienen problemas.
Si no se establecen límites o techos máximos, pueden constituir un “impuesto” sobre los más enfermos. Si no se vinculan al nivel de renta (pudiendo llegar a la exención), la carga del copago acaba siendo mucho mayor, en términos relativos, en el caso de los pobres que en el de los ricos. Si se establecen de manera uniforme, sin tener en cuenta la efectividad del servicio o tratamiento, dejan al paciente la difícil decisión de discriminar entre lo de más valor y lo de menos valor.
Si afectan solo a un tipo de bienes o a un nivel asistencial, se corre el riesgo de que se produzcan desviaciones del consumo hacia aquellos bienes o niveles no afectados y el coste termine por ser mayor. Finalmente, si no se protege a los pobres y los más enfermos, puede haber un efecto compensación y llegar a generar más gasto del que se ahorra debido al empeoramiento de la salud de los enfermos más graves. Por eso, el debate sobre el copago no se debe plantear como una disyuntiva extrema entre el sí y el no.
En España, el diseño del copago en los medicamentos es demasiado simple y no ha cambiado desde 1978: sólo se aplica a los trabajadores activos, que pagan un 40% del coste de la receta, con la excepción de ciertos medicamentos para tratamientos crónicos en los que el copago es del 10%, con un límite de 2,64 euros. Durante este tiempo hemos tenido ocasión de comprobar que fomenta el sobreconsumo. El cambio de estatus de no pensionista a pensionista supone un aumento significativo del número de recetas que de otra forma no se habría producido (riesgo moral): el consumo por individuo aumenta alrededor del 25% en el primer año de gratuidad. El impacto financiero para el sector público (gratuidad más riesgo moral) puede suponer un aumento del gasto de más del 100%.
Además, es inequitativo. Al ser independiente de la capacidad económica, un pensionista que cobre una pensión elevada o tenga un patrimonio millonario no paga nada, mientras que un parado o una familia mileurista y con niños pequeños, sí paga.
En definitiva, recomendaríamos: 1) modificar el diseño del copago farmacéutico, eliminando la arbitraria distinción entre activos y pensionistas, e incluir los medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria; 2) introducir un copago fijo en las visitas –y en las urgencias; 3) introducir tasas por servicios complementarios cubiertos y precios públicos por prestaciones actualmente no cubiertas; 4) modular los copagos en función de criterios clínicos y de coste-efectividad con copagos evitables siempre que sea posible; y 5) implementar mecanismos de protección de los más débiles económicamente y los más enfermos. Esto podría consistir en la fijación de un límite máximo de contribución al trimestre o al año en función de la renta familiar, con exención total de las rentas más bajas, ya sean procedentes del trabajo o la pensión, y tratamiento especial de los casos de enfermedad crónica o multipatología. El copago y otras formas de contribución no deben empobrecer, por lo que el límite debería suponer un porcentaje reducido de la renta familiar.
lunes, 25 de abril de 2011
miércoles, 6 de abril de 2011
Pseudo-ruptura de mercado e intereses cohesionados
Artículo publicado en DIARIO MÉDICO 27/05/2011
Me continua sorprendiendo la atención mediática y estatal a iniciativas “naïve” de las Comunidades Autónomas sobre gestión farmacéutica y la escasa atención prestada a un debate inaplazable sobre la financiación de las prestaciones sanitarias del SNS. Vamos a ver cuanto tiempo vamos a tardar en seguir el ejemplo de países como Reino Unido, Alemania, Holanda o Suecia y someter la toma de decisiones sobre innovaciones sanitarias al filtro de agencias independientes y comités de expertos como condición necesaria para defender el valor de las innovaciones eficaces y efectivas y asegurar que los limitados recursos disponibles se destinen a tratamientos que valen lo que cuestan.
La gestión de la sanidad pública así como la responsabilidad presupuestaria del coste de la atención corresponde desde ya hace bastantes años a todas las Comunidades Autónomas. En tiempos de fuerte recesión económica y de recortes en los presupuestos públicos de los que no puede escapar la sanidad no es tan sólo normal sino necesario que los que tienen la responsabilidad de gestionar la atención y los recursos, incluidos los medicamentos, traten de aplicar medidas de racionalización del gasto que afecten lo menos posible la salud de los pacientes.
No puede pasar desapercibido que es más que discutible que quien gestiona la atención, las Comunidades, tenga que encajar en su presupuesto, sin compensación alguna y sin haber tenido la posibilidad de participar en la decisión, los precios reconocidos a los nuevos medicamentos que entran en el mercado y en la financiación pública. Ello resulta más preocupante cuanto menos transparentes, objetivas y basadas en criterios coste-efectividad sean esas decisiones con evidente impacto presupuestario. Más discutible e ineficiente sería que los gestores de nuestra sanidad pública no tengan la capacidad de tratar de comprar los recursos necesarios para restablecer nuestra salud con la mejor calidad posible y siempre al menor precio. No hay justificación para que lo que los gestores hacen con cualquier otro recurso, las prótesis, por ejemplo, no puedan hacerlo con la compra de medicamentos.
Ahora bien, desde hace ya un cierto tiempo se está produciendo de forma continuada y ya preocupante una interpretación en mi opinión equivocada o interesada de la cohesión territorial del SNS, de la equidad y de lo que algunos denominan la ruptura del mercado. Esta preocupación se viene manifestando de forma repetida, e incluso contundente por parte no solo de los proveedores afectados sino del propio Ministerio, cuando las Comunidades tratan de adoptar simples medidas de gestión de la prestación farmacéutica que no van más allá de tratar de comprar un medicamento efectivo al menor coste posible cuando existen alternativas con precios diferentes en el mercado. Se trata de medidas que utilizando diferentes instrumentos en la práctica sirven básicamente a este objetivo al que es complicado poner objeciones cuando la calidad de las alternativas de menor precio está garantizada. En este grupo de medidas incluyo propuestas como el llamado "catálogo" gallego, las subastas para ciertos principios activos de Andalucía, menos facilidades para la prescripción de algunas marcas -siempre que éstas tengan un precio más elevado que las alternativas- mediante el requerimiento de justificación clínica o la exclusión de la lista electrónica, etc.
Si las medidas están dirigidas a reconducir la prescripción hacia medicamentos con equivalencia química (la equivalencia farmacológica y terapéutica no debiera ser descartable antes de analizarla con detalle pero, al menos por ahora, no es el caso) y de menor precio, entonces se puede afirmar que son medidas eficientes y que nada tienen que ver con las alusiones a la inequidad o a supuestos y alarmistas atentados a la cohesión “nacionalizante” del SNS. En la medida en la que se garantice el acceso a un tratamiento eficiente, el gestor del presupuesto es quien debe tener capacidad y flexibilidad de tomar decisiones de compra (no se puede olvidar que el Estado ya le sustrae, sin demostrar mejor capacidad, las medidas de inclusión en la cobertura y las de precio de las innovaciones), de no ser así, no tendría lógica la descentralización de la gestión sanitaria y la responsabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas.
Los "cataloguiños", listas más cortas en la prescripción electrónica y otras medidas deben tener como objetivo incentivar la prescripción hacia equivalentes de menor precio y dar una señal más clara al mercado que la que da el actual sistema de precios de referencia de que el financiador tiene que ser muy sensible (un economista diría que es muy elástico) a las diferencias de precios entre equivalentes.
Otra cosa diferente sería si las medidas se emplearan para discriminar a igualdad de precio a las marcas del mismo principio activo o con un criterio diferente al de favorecer los precios menores. En este caso estaríamos ante una medida que vulnera de forma flagrante los principios de defensa de la competencia. No deja de resultar curioso que esta vulneración esté flagrantemente presente en la regulación estatal de una sustitución obligatoria más favorable a los genéricos en ciertos casos a pesar de que no tengan un precio inferior y que, en cambio, sea el Estado el que ante simples medidas de gestión de las compras autonómicas saca el fantasma de la ruptura del mercado y de la falta de cohesión. Se trata de todo lo contrario, si estas medidas se diseñan de forma adecuada, el efecto que van a tener es el de fomentar la competencia de precios entre los productores con una mejora del bienestar social y contribuyendo a la moderación del gasto público.
La equidad en este contexto debiera ser más bien entendida como igualdad de oportunidad de acceso a una atención efectiva para una misma necesidad. Desde este punto de vista, la igualdad y la equidad queda garantizada si se financia, con el copago que corresponda, la presentación más adecuada del principio activo prescrito por el médico al paciente. La equidad, igualdad o cohesión nada tienen que ver con las marcas o fabricantes cuyos productos se prescriben sino con la calidad y, aún más importante, con la adecuación y la efectividad de la prescripción que depende de las necesidades del paciente. Lo que si atenta a la cohesión del SNS y a la propia calidad de la atención es, por ejemplo, la elevada y documentada inadecuación de la prescripción de antibióticos, antidepresivos o medicamentos para la osteoporosis.
Mejor idea que tratar de pisar y taponar estas iniciativas sería que el regulador garantizara que las múltiples medidas autonómicas encajan en el marco de las medidas de defensa de la competencia y que se iniciaran pilotos de cada una de las iniciativas sometidas a una evaluación independiente de impacto de las mismas.
Por otro lado, hay que ser realista y saber que no se pueden esperar grandes ahorros para el gasto público a corto plazo con este tipo de medidas. Su valor reside más en el medio e incluso el largo plazo y en las señales que se dan tanto a productores como a pacientes sobre una demanda pública que debería ser muy elástica ante productos sustitutos.
Me continua sorprendiendo la atención mediática y estatal a iniciativas “naïve” de las Comunidades Autónomas sobre gestión farmacéutica y la escasa atención prestada a un debate inaplazable sobre la financiación de las prestaciones sanitarias del SNS. Vamos a ver cuanto tiempo vamos a tardar en seguir el ejemplo de países como Reino Unido, Alemania, Holanda o Suecia y someter la toma de decisiones sobre innovaciones sanitarias al filtro de agencias independientes y comités de expertos como condición necesaria para defender el valor de las innovaciones eficaces y efectivas y asegurar que los limitados recursos disponibles se destinen a tratamientos que valen lo que cuestan.
La gestión de la sanidad pública así como la responsabilidad presupuestaria del coste de la atención corresponde desde ya hace bastantes años a todas las Comunidades Autónomas. En tiempos de fuerte recesión económica y de recortes en los presupuestos públicos de los que no puede escapar la sanidad no es tan sólo normal sino necesario que los que tienen la responsabilidad de gestionar la atención y los recursos, incluidos los medicamentos, traten de aplicar medidas de racionalización del gasto que afecten lo menos posible la salud de los pacientes.
No puede pasar desapercibido que es más que discutible que quien gestiona la atención, las Comunidades, tenga que encajar en su presupuesto, sin compensación alguna y sin haber tenido la posibilidad de participar en la decisión, los precios reconocidos a los nuevos medicamentos que entran en el mercado y en la financiación pública. Ello resulta más preocupante cuanto menos transparentes, objetivas y basadas en criterios coste-efectividad sean esas decisiones con evidente impacto presupuestario. Más discutible e ineficiente sería que los gestores de nuestra sanidad pública no tengan la capacidad de tratar de comprar los recursos necesarios para restablecer nuestra salud con la mejor calidad posible y siempre al menor precio. No hay justificación para que lo que los gestores hacen con cualquier otro recurso, las prótesis, por ejemplo, no puedan hacerlo con la compra de medicamentos.
Ahora bien, desde hace ya un cierto tiempo se está produciendo de forma continuada y ya preocupante una interpretación en mi opinión equivocada o interesada de la cohesión territorial del SNS, de la equidad y de lo que algunos denominan la ruptura del mercado. Esta preocupación se viene manifestando de forma repetida, e incluso contundente por parte no solo de los proveedores afectados sino del propio Ministerio, cuando las Comunidades tratan de adoptar simples medidas de gestión de la prestación farmacéutica que no van más allá de tratar de comprar un medicamento efectivo al menor coste posible cuando existen alternativas con precios diferentes en el mercado. Se trata de medidas que utilizando diferentes instrumentos en la práctica sirven básicamente a este objetivo al que es complicado poner objeciones cuando la calidad de las alternativas de menor precio está garantizada. En este grupo de medidas incluyo propuestas como el llamado "catálogo" gallego, las subastas para ciertos principios activos de Andalucía, menos facilidades para la prescripción de algunas marcas -siempre que éstas tengan un precio más elevado que las alternativas- mediante el requerimiento de justificación clínica o la exclusión de la lista electrónica, etc.
Si las medidas están dirigidas a reconducir la prescripción hacia medicamentos con equivalencia química (la equivalencia farmacológica y terapéutica no debiera ser descartable antes de analizarla con detalle pero, al menos por ahora, no es el caso) y de menor precio, entonces se puede afirmar que son medidas eficientes y que nada tienen que ver con las alusiones a la inequidad o a supuestos y alarmistas atentados a la cohesión “nacionalizante” del SNS. En la medida en la que se garantice el acceso a un tratamiento eficiente, el gestor del presupuesto es quien debe tener capacidad y flexibilidad de tomar decisiones de compra (no se puede olvidar que el Estado ya le sustrae, sin demostrar mejor capacidad, las medidas de inclusión en la cobertura y las de precio de las innovaciones), de no ser así, no tendría lógica la descentralización de la gestión sanitaria y la responsabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas.
Los "cataloguiños", listas más cortas en la prescripción electrónica y otras medidas deben tener como objetivo incentivar la prescripción hacia equivalentes de menor precio y dar una señal más clara al mercado que la que da el actual sistema de precios de referencia de que el financiador tiene que ser muy sensible (un economista diría que es muy elástico) a las diferencias de precios entre equivalentes.
Otra cosa diferente sería si las medidas se emplearan para discriminar a igualdad de precio a las marcas del mismo principio activo o con un criterio diferente al de favorecer los precios menores. En este caso estaríamos ante una medida que vulnera de forma flagrante los principios de defensa de la competencia. No deja de resultar curioso que esta vulneración esté flagrantemente presente en la regulación estatal de una sustitución obligatoria más favorable a los genéricos en ciertos casos a pesar de que no tengan un precio inferior y que, en cambio, sea el Estado el que ante simples medidas de gestión de las compras autonómicas saca el fantasma de la ruptura del mercado y de la falta de cohesión. Se trata de todo lo contrario, si estas medidas se diseñan de forma adecuada, el efecto que van a tener es el de fomentar la competencia de precios entre los productores con una mejora del bienestar social y contribuyendo a la moderación del gasto público.
La equidad en este contexto debiera ser más bien entendida como igualdad de oportunidad de acceso a una atención efectiva para una misma necesidad. Desde este punto de vista, la igualdad y la equidad queda garantizada si se financia, con el copago que corresponda, la presentación más adecuada del principio activo prescrito por el médico al paciente. La equidad, igualdad o cohesión nada tienen que ver con las marcas o fabricantes cuyos productos se prescriben sino con la calidad y, aún más importante, con la adecuación y la efectividad de la prescripción que depende de las necesidades del paciente. Lo que si atenta a la cohesión del SNS y a la propia calidad de la atención es, por ejemplo, la elevada y documentada inadecuación de la prescripción de antibióticos, antidepresivos o medicamentos para la osteoporosis.
Mejor idea que tratar de pisar y taponar estas iniciativas sería que el regulador garantizara que las múltiples medidas autonómicas encajan en el marco de las medidas de defensa de la competencia y que se iniciaran pilotos de cada una de las iniciativas sometidas a una evaluación independiente de impacto de las mismas.
Por otro lado, hay que ser realista y saber que no se pueden esperar grandes ahorros para el gasto público a corto plazo con este tipo de medidas. Su valor reside más en el medio e incluso el largo plazo y en las señales que se dan tanto a productores como a pacientes sobre una demanda pública que debería ser muy elástica ante productos sustitutos.
domingo, 3 de abril de 2011
Aquell que pugui esperar, s’haurà d’esperar
Tancarem llits, acomiadarem eventuals, no obrirem quiròfans a la tarda… Les respostes donades pels hospitals a fi de procedir a la internalització de la retallada pressupostària pública anunciada pel govern de la Generalitat són més aviat poc imaginatives i semblen més de gestors que només estant acostumats a gestionar l’incrementalisme any darrera any que no pas de gestors que han de rendir comptes sobre els resultats en salut que han aconseguit per a la seva població.
Deixant de banda si la retallada sanitària és l’adequada, sospito que probablement si els hospitals se sotmetessin a una dosi adequada i saludable de competència, la seva resposta a un mercat més estret i amb menys capacitat de gastar seria radicalment diferent.
No hauria de passar desapercebut a pacients i contribuents que es parli constantment d’un costat de la balança, el fet que enguany tenim menys diners per a la sanitat, ignorant l’altre costat de la balança, la qualitat del servei que oferim al pacient amb els diners que hem tingut fins ara i que no tornarem a tenir per molts anys.
Més aviat m’inclino a pensar que seria més útil per a la defensa d’una sanitat pública de qualitat que no es contracti amb els nostres centres sanitaris quantes portes tancaran als pacients sinó que es passi a valorar quina és la capacitat que tenen els recursos i diners públics que els assignem de millorar la qualitat de vida i de salvar vides si els gastem com hem fet fins ara i si podem buscar maneres que sense fer més activitat aconsegueixin millor resultats en salut.
Encara que sigui de manera marginal cal passar de pagar per fer més visites al metge de capçalera, a l’especialista o al servei d’urgències, o per fer més radiografies, TACs o resonàncies, o per fer més ingressos i re-ingressos a l’hospital a pagar, ni que sigui en una petita part del pressupost, per capacitat resolutiva i resultats en salut. De no fer-ho així, el debat actual és circular i sense fi, si tu em dones menys, jo faré menys activitat. És de sentit comú, però potser convé recordar que no destinem diners dels nostres impostos a la sanitat pública per fer més visites al metge, que per cert ja en feu més del compte, sinó per tenir més salut i qualitat de vida.
La majoria de centres anuncia que optarà després de setmana santa per reduir llits, serveis, tancar quiròfans i acomiadar personal eventual. Una reducció de la oferta de serveis no ha d’estranyar a ningú que afectarà les llistes d’espera per una visita a l’especialista, per una prova diagnòstica o per una intervenció. Això serà així si continuem fent el mateix i de la mateixa manera que fins ara.
Com tot pacient i metge sap, no totes les visites, ni totes les proves ni tampoc tots els ingressos i intervencions quirúrgiques tenen la mateixa contribució a la millora de la qualitat de vida i de la supervivència dels pacients. L’efecte sobre la qualitat assistencial i la salut dels pacients d’un pressupost que s’encongeix serà elevat si es fa de manera quasi uniforme o de manera oportunista sense fer servir criteris basats en el coneixement clínic sobre el benefici o millora en la salut que es pot aconseguir per a cada pacient.
No es pot pagar només per fer visites sinó per resoldre de manera satisfactòria episodis i problemes de salut. No es pot pagar només per produir visites a urgències o reingressos a l’hospital de persones amb EPOC o amb asma sinó per tenir-los adequadament controlats amb adherència als seus tractaments i precisament evitant que pateixin aguditzacions de la seva malaltia.
La urgència no pot ser l’únic criteri per a prioritzar unes llistes d’espera engreixades. Potser és més senzill d’aplicar i fins i tot fàcil d’explicar. No ens confonguem, la simplicitat no sempre és indicació del millor. Vull entendre l’afirmació de que "aquell que pugui esperar s'haurà d'esperar" en el sentit positiu: que cal prioritzar i que quan no hi ha preu, amb recursos limitats que cal optimitzar, la llista d’espera no és una prova de fracàs sinó un instrument de gestió per aconseguir el màxim d’anys de vida amb el pressupost del que disposem, al marge de quan més baix sigui respecte del de l’any passat.
Un model de gestió de les llistes d’espera basat en la urgència no només és inadequat ja que pot costar molts anys de vida, sinó que pot acabar resultant que encareixi els costos futurs del sistema sanitari per l’agreujament dels pacients que es mantenen en llista d’espera fins que el deteriorament del seu estat de salut és prou manifest com per a qualificar-los d’urgents.
A finals de l’any passat, l’AIAQS, agencia d’avaluació i qualitat en salut de la Generalitat, va difondre un interessant informe sobre criteris de priorització d’una trentena d’intervencions quirúrgiques electives amb llistes d’espera. Els dos criteris més importants són l’impacte en la qualitat de vida i el risc de l’espera, per aquest ordre, després l’efectivitat de la intervenció i el consum de recursos durant l’espera. Les eines de priorització hi són, ara el que cal és una presa de decisions més basada en coneixement i menys capturada pel discurs incrementalista.
Deixant de banda si la retallada sanitària és l’adequada, sospito que probablement si els hospitals se sotmetessin a una dosi adequada i saludable de competència, la seva resposta a un mercat més estret i amb menys capacitat de gastar seria radicalment diferent.
No hauria de passar desapercebut a pacients i contribuents que es parli constantment d’un costat de la balança, el fet que enguany tenim menys diners per a la sanitat, ignorant l’altre costat de la balança, la qualitat del servei que oferim al pacient amb els diners que hem tingut fins ara i que no tornarem a tenir per molts anys.
Més aviat m’inclino a pensar que seria més útil per a la defensa d’una sanitat pública de qualitat que no es contracti amb els nostres centres sanitaris quantes portes tancaran als pacients sinó que es passi a valorar quina és la capacitat que tenen els recursos i diners públics que els assignem de millorar la qualitat de vida i de salvar vides si els gastem com hem fet fins ara i si podem buscar maneres que sense fer més activitat aconsegueixin millor resultats en salut.
Encara que sigui de manera marginal cal passar de pagar per fer més visites al metge de capçalera, a l’especialista o al servei d’urgències, o per fer més radiografies, TACs o resonàncies, o per fer més ingressos i re-ingressos a l’hospital a pagar, ni que sigui en una petita part del pressupost, per capacitat resolutiva i resultats en salut. De no fer-ho així, el debat actual és circular i sense fi, si tu em dones menys, jo faré menys activitat. És de sentit comú, però potser convé recordar que no destinem diners dels nostres impostos a la sanitat pública per fer més visites al metge, que per cert ja en feu més del compte, sinó per tenir més salut i qualitat de vida.
La majoria de centres anuncia que optarà després de setmana santa per reduir llits, serveis, tancar quiròfans i acomiadar personal eventual. Una reducció de la oferta de serveis no ha d’estranyar a ningú que afectarà les llistes d’espera per una visita a l’especialista, per una prova diagnòstica o per una intervenció. Això serà així si continuem fent el mateix i de la mateixa manera que fins ara.
Com tot pacient i metge sap, no totes les visites, ni totes les proves ni tampoc tots els ingressos i intervencions quirúrgiques tenen la mateixa contribució a la millora de la qualitat de vida i de la supervivència dels pacients. L’efecte sobre la qualitat assistencial i la salut dels pacients d’un pressupost que s’encongeix serà elevat si es fa de manera quasi uniforme o de manera oportunista sense fer servir criteris basats en el coneixement clínic sobre el benefici o millora en la salut que es pot aconseguir per a cada pacient.
No es pot pagar només per fer visites sinó per resoldre de manera satisfactòria episodis i problemes de salut. No es pot pagar només per produir visites a urgències o reingressos a l’hospital de persones amb EPOC o amb asma sinó per tenir-los adequadament controlats amb adherència als seus tractaments i precisament evitant que pateixin aguditzacions de la seva malaltia.
La urgència no pot ser l’únic criteri per a prioritzar unes llistes d’espera engreixades. Potser és més senzill d’aplicar i fins i tot fàcil d’explicar. No ens confonguem, la simplicitat no sempre és indicació del millor. Vull entendre l’afirmació de que "aquell que pugui esperar s'haurà d'esperar" en el sentit positiu: que cal prioritzar i que quan no hi ha preu, amb recursos limitats que cal optimitzar, la llista d’espera no és una prova de fracàs sinó un instrument de gestió per aconseguir el màxim d’anys de vida amb el pressupost del que disposem, al marge de quan més baix sigui respecte del de l’any passat.
Un model de gestió de les llistes d’espera basat en la urgència no només és inadequat ja que pot costar molts anys de vida, sinó que pot acabar resultant que encareixi els costos futurs del sistema sanitari per l’agreujament dels pacients que es mantenen en llista d’espera fins que el deteriorament del seu estat de salut és prou manifest com per a qualificar-los d’urgents.
A finals de l’any passat, l’AIAQS, agencia d’avaluació i qualitat en salut de la Generalitat, va difondre un interessant informe sobre criteris de priorització d’una trentena d’intervencions quirúrgiques electives amb llistes d’espera. Els dos criteris més importants són l’impacte en la qualitat de vida i el risc de l’espera, per aquest ordre, després l’efectivitat de la intervenció i el consum de recursos durant l’espera. Les eines de priorització hi són, ara el que cal és una presa de decisions més basada en coneixement i menys capturada pel discurs incrementalista.
Com es pot fer més amb menys?
Article publicat al diari ARA, 21 d'abril de 2011
S'ha de reconèixer la dificultat i el mèrit polític que té gestionar despeses publiques a la baixa comparat amb els períodes de bonança i de vaques grasses. El repte que té avui la gestió del pressupost de Salut en el govern català, sense cap dubte, no l'ha tingut cap conseller des que el 1981 es va rebre la transferència de serveis. Cal fer més amb menys deixant la retòrica falsa que pensa més en com amagar factures al calaix i passar-les a l’any vinent i passant a emprendre accions basades en criteris clínics i resultats en salut.
Hi ha deures de millora de l'eficiència i de racionalització de la sanitat pública que no s'han fet quan la bonança econòmica ho haguera fet més senzill. La responsabilitat és de tots, molt més enllà dels qui han governat. Això inclou tots els perceptors de rendes de la sanitat (des dels hospitals concertats fins els proveïdors de material sanitari i de pròtesis, fins a les farmàcies, centres de rehabilitació i ambulàncies), i tot sense oblidar els pacients que dia darrera dia actuen com si l’atenció sanitària fos de franc.
En la sanitat pública catalana cal separar i saber explicar molt bé a metges, enfermeres, farmacèutics, pacients i contribuents el que són mesures de xoc quasi obligades per arribar vius financerament a final de mes i d’exercici i el que han de ser mesures estructurals. L'excusa de la urgència en les mesures de xoc no justifica la manca d'esforç i d'imaginació que representen respostes funcionarials i quasi sindicalitzades que només saben de tancar llits i quiròfans o dir que no hi (continuarà?) havent operacions a la tarda als hospitals públics.
Seria més útil escoltar quines mesures es prenen centre a centre i hospital a hospital per a fer que encaixant una reducció de la despesa la salut dels pacients es vegi el menys compromesa possible. Les mesures de racionalització segueixen absents, en lloc de tancar serveis i quiròfans, perquè no parlem de reduir els ingressos i reingressos hospitalaris evitables de persones grans amb malalties cròniques mal controlades i augmentar els seus anys de vida? o de l'ús de medicaments més enllà de la seva indicació o de l’abús i mal ús de medicaments que costa complicacions i fins i tot vides?
Cal que la pressió financera de curt termini no posposi ja més l'adopció de canvis estructurals. No cal esperar a més informes d'experts que serveixen d’excusa i es guarden al calaix. No en tenim ja prous sobre la taula dels decisors polítics? El que cal és prendre decisions polítiques encertades i com més basades en el coneixement disponible, millor. Les mesures de gestió de serveis, de llistes d'espera, de gestió de la prescripció farmacèutica,etc. són a l'abast dels gestors autonòmics. Les que siguin d'àmbit estatal, no s'han de defugir, el que cal fer és posar-les a la taula del Consell Interterritorial.
Hi ha coneixement i experiència suficient tant a nivell internacional com en el nostre propi país per a no posposar l’adopció de mesures de priorització i de finançament selectiu de les prestacions, tant les que ja paguem avui com les que dia a dia entren en la nostra sanitat sense fer gaire soroll però amb un alt cost. Les prestacions que ha de pagar la sanitat pública s’han de triar, de cap manera es poden pagar totes i de franc, això seria continuar llençant els diners i perdre anys de vida.
El finançament de prestacions ha de donar prioritat a aquelles que hagin demostrat de manera objectiva la seva capacitat de millorar la salut en relació al seu cost, segons la relació cost-efectivitat. A qui digui que això és teoria, només se m’acut dir-li, amb respecte però amb fermesa, que ja no es pot ser tant ignorant, a no ser que es vulgui afavorir interessos que hauria d’explicar.
Si falla la imaginació política, la recerca en serveis sanitaris ofereix un ampli instrumental de mesures possibles i adequades on triar en temps de recessió com aquests. Recentment, un grup d’investigadors reconeguts en serveis sanitaris i economia de la salut n’han identificat un centenar a la revista Gaceta Sanitaria.
Per si hi ha voluntat seriosa de prendre decisions, entre les sis primeres de la llista de mesures hi ha les següents: controlar la corrupció i la partitocràcia; reorganitzar el terciarisme segons volum, resultats i costos; replantejar activitats preventives que no aporten valor; prioritzar en urgències, exploracions, visites, intervencions, llistes d’espera…; implicar els pacients en l’auto-cura; definir la cartera de serveis en funció de l’evidència.
S'ha de reconèixer la dificultat i el mèrit polític que té gestionar despeses publiques a la baixa comparat amb els períodes de bonança i de vaques grasses. El repte que té avui la gestió del pressupost de Salut en el govern català, sense cap dubte, no l'ha tingut cap conseller des que el 1981 es va rebre la transferència de serveis. Cal fer més amb menys deixant la retòrica falsa que pensa més en com amagar factures al calaix i passar-les a l’any vinent i passant a emprendre accions basades en criteris clínics i resultats en salut.
Hi ha deures de millora de l'eficiència i de racionalització de la sanitat pública que no s'han fet quan la bonança econòmica ho haguera fet més senzill. La responsabilitat és de tots, molt més enllà dels qui han governat. Això inclou tots els perceptors de rendes de la sanitat (des dels hospitals concertats fins els proveïdors de material sanitari i de pròtesis, fins a les farmàcies, centres de rehabilitació i ambulàncies), i tot sense oblidar els pacients que dia darrera dia actuen com si l’atenció sanitària fos de franc.
En la sanitat pública catalana cal separar i saber explicar molt bé a metges, enfermeres, farmacèutics, pacients i contribuents el que són mesures de xoc quasi obligades per arribar vius financerament a final de mes i d’exercici i el que han de ser mesures estructurals. L'excusa de la urgència en les mesures de xoc no justifica la manca d'esforç i d'imaginació que representen respostes funcionarials i quasi sindicalitzades que només saben de tancar llits i quiròfans o dir que no hi (continuarà?) havent operacions a la tarda als hospitals públics.
Seria més útil escoltar quines mesures es prenen centre a centre i hospital a hospital per a fer que encaixant una reducció de la despesa la salut dels pacients es vegi el menys compromesa possible. Les mesures de racionalització segueixen absents, en lloc de tancar serveis i quiròfans, perquè no parlem de reduir els ingressos i reingressos hospitalaris evitables de persones grans amb malalties cròniques mal controlades i augmentar els seus anys de vida? o de l'ús de medicaments més enllà de la seva indicació o de l’abús i mal ús de medicaments que costa complicacions i fins i tot vides?
Cal que la pressió financera de curt termini no posposi ja més l'adopció de canvis estructurals. No cal esperar a més informes d'experts que serveixen d’excusa i es guarden al calaix. No en tenim ja prous sobre la taula dels decisors polítics? El que cal és prendre decisions polítiques encertades i com més basades en el coneixement disponible, millor. Les mesures de gestió de serveis, de llistes d'espera, de gestió de la prescripció farmacèutica,etc. són a l'abast dels gestors autonòmics. Les que siguin d'àmbit estatal, no s'han de defugir, el que cal fer és posar-les a la taula del Consell Interterritorial.
Hi ha coneixement i experiència suficient tant a nivell internacional com en el nostre propi país per a no posposar l’adopció de mesures de priorització i de finançament selectiu de les prestacions, tant les que ja paguem avui com les que dia a dia entren en la nostra sanitat sense fer gaire soroll però amb un alt cost. Les prestacions que ha de pagar la sanitat pública s’han de triar, de cap manera es poden pagar totes i de franc, això seria continuar llençant els diners i perdre anys de vida.
El finançament de prestacions ha de donar prioritat a aquelles que hagin demostrat de manera objectiva la seva capacitat de millorar la salut en relació al seu cost, segons la relació cost-efectivitat. A qui digui que això és teoria, només se m’acut dir-li, amb respecte però amb fermesa, que ja no es pot ser tant ignorant, a no ser que es vulgui afavorir interessos que hauria d’explicar.
Si falla la imaginació política, la recerca en serveis sanitaris ofereix un ampli instrumental de mesures possibles i adequades on triar en temps de recessió com aquests. Recentment, un grup d’investigadors reconeguts en serveis sanitaris i economia de la salut n’han identificat un centenar a la revista Gaceta Sanitaria.
Per si hi ha voluntat seriosa de prendre decisions, entre les sis primeres de la llista de mesures hi ha les següents: controlar la corrupció i la partitocràcia; reorganitzar el terciarisme segons volum, resultats i costos; replantejar activitats preventives que no aporten valor; prioritzar en urgències, exploracions, visites, intervencions, llistes d’espera…; implicar els pacients en l’auto-cura; definir la cartera de serveis en funció de l’evidència.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)