by Jaume
Puig-Junoy y Marta Trapero-Bertran
Un post
resumido de esta serie ha sido publicado en el blog Nada es Gratis y en El País
En
este post pretendemos mostrar que a pesar de la aún relativa buena salud de la
sanidad pública española, eso siempre que los austeríacos hachazos presupuestarios puramente decrementalistas no
acaben por desestabilizarla a corto plazo, su pronóstico a medio plazo es reservado si no se pone orden
con criterios de coste-efectividad a las prestaciones, y muy especialmente a
los medicamentos y tecnologías médicas, que se financian con fondos públicos
(financiación selectiva): algo en lo que llevamos dos décadas de retraso, y
ahora no podemos limitarnos a hacer menos de lo mismo ya que no será mejor.
Por
orden de exposición, los autores hablan sobre: (a) necesidad de acción
inmediata; (b) coste de oportunidad del valor actual de las innovaciones; (c)
gasto actual en medicamentos; (d) medidas adoptadas hasta ahora; (e) regulación
de precios; (f) evaluación económica de medicamentos; (g) agenda básica para la
sostenibilidad del Sistema Sanitario según experiencias internacionales; y (h)
situación actual en España.
A
la vista del elevado impacto presupuestario, de la previsible avalancha de
innovaciones de muy elevado coste y beneficio cuestionable que se encuentra en
la pipeline de una industria
farmacéutica angustiada por el decaimiento de las patentes y la
caída de la productividad de la I+D, así como de la escasa transparencia de
las decisiones relativas a los medicamentos, ya no se debería posponer por más
tiempo una revisión de los criterios empleados en las decisiones de inclusión
en la cobertura del seguro público (financiación o reembolso) y de precio
basado en el valor y el value for money
de los tratamientos.
Hoy
carece de justificación que el regulador central valore como ha venido haciendo
hasta hace pocos meses todo lo nuevo como innovador, haciendo ver que no existe
coste de oportunidad, y además imponiendo la obligación a quien gestiona la
sanidad de tener que ofrecerlo casi gratuitamente a los pacientes al mismo tiempo
que le acusa de manirroto por gastar demasiado (“yo invito, tu pagas”). No pasaría de ser mezquino que en este
contexto se utilizara el incremento de gasto impuesto centralmente, sin rendir
cuentas sobre su coste-efectividad, como indicio de la necesidad de
recentralización. De la misma forma, sería del todo irresponsable ahora optar
por retrasar o impedir el acceso a cualquier fármaco nuevo sin más razón que la
de que genera más gasto, sin tener en cuenta cual es su coste por año de vida
ganado ajustado por calidad (AVAC) y la necesidad de desinvertir en
tratamientos de escaso valor para abrir espacio financiero a los de más valor.
Si lo hacemos mal, el coste de oportunidad serán muchos años de vida perdidos.
Lo
que la sanidad pública gasta en medicamentos debería preocupar no tanto por sus
valores absolutos o medios sino más por la tendencia que marca la dinámica del
mercado farmacéutico. Gastamos en medicamentos, públicos y privados, un nada
desdeñable 1,6%
del PIB y supone alrededor de una tercera parte de todo el gasto sanitario
público cuando se tiene en cuenta tanto los medicamentos dispensados en
farmacias como los hospitalarios.
Aquí lo relevante es que la sanidad pública ha sido demasiado intensiva en el
uso de medicamentos: hasta hace poco hemos sido el segundo país del mundo en la
cantidad de medicamentos por persona. Sólo la reforma paramétrica del sistema
de copago adoptada en julio y septiembre del año pasado –con un tripago:
copago estatal, tasas autonómicas y desfinanciación-, reforma muy mejorable en
su diseño pero que ha sido la reforma económica post-crisis más efectiva, ha
roto drásticamente la tendencia alarmantemente creciente en el número de
prescripciones durante la última década.
Excepto
el copago, el resto de medidas adoptadas –más paramétricas que estructurales- se
han cebado en los precios de medicamentos antiguos, ya de por sí bajos, lo cual
tiene escaso recorrido. Seguimos anclados en hacer menos de lo mismo: acabamos
financiado públicamente casi cualquier nuevo medicamento tanto si el coste por AVAC
es muy razonable como si es desorbitado, pagamos precios elevados por
medicamentos que otros países con más renta no están dispuestos a pagar.
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