El
desconcierto ya es mayúsculo, cuando se observa que doce meses después de la reforma
estrella de la sanidad aplicada por este gobierno, los responsables políticos
se han encallado en un enredo tal que corremos el riesgo de acabar en un factor
“castizo” de sostenibilidad que sirva más para disfrazar los intereses del
statu quo –burocracia reguladora e industria que prefiere el cuerpo a cuerpo
antes que unas reglas del juego objetivas y transparentes- que para poner fin a
la falacia que podemos financiar todo con independencia de su
coste-efectividad.
Abundan
ya las muestras de ese enredo, entre “castiza” riña de gatos y transformación de corte gatopardiano, que no nos pone en el
camino de pagar según valor.
En
lugar de más transparencia y rendición de cuentas en las decisiones de precios,
más opacidad amparada en la coartada que ofrece la existencia de un precio en
el mercado distinto del precio para el seguro público; eso si, para no cambiar
nada se aparenta más participación, ahora se invita a la Comisión
Interministerial a las Comunidades Autónomas en turnos rotatorios de seis
meses! Así, para cuando una Comunidad empieza a enterarse de qué va el asunto y
propone cambios en las reglas de decisión, ya se le terminó el turno!
Para
acabar de arreglar las cosas, la pelea para ver quién
se queda las competencias de evaluación (sin haber determinado ni tan solo cómo
evaluar los medicamentos) ha dado lugar a unos rebautizados informes
de posicionamiento terapéutico de la Agencia Española del Medicamento en
los que no sólo la eficiencia brilla por su ausencia sino que la evaluación de
la eficacia/efectividad comparada dista de los contenidos y estándares científicos
al uso en las agencias internacionales. La coartada para la ausencia de la
evaluación económica debería hacer sonrojar a más de uno: según parece no se
puede hacer una evaluación coste-efectividad cuando la Comisión
Interministerial no ha establecido el precio de venta; seguramente, inmersos en
la pelea por atribuirse competencias administrativas, han olvidado que el coste
por AVAC es una información clave para determinar la eficiencia del precio que
solicita el innovador y que cuando se paga según valor el precio tiende a
endogeneizarse y ser función de la disposición máxima a pagar por AVAC.
Para
realizar una recomendación sobre el precio para el SNS que se base en la
relación entre el coste y la efectividad, una forma de aproximación al precio
basado en el valor, se requieren criterios uniformes y estandarizados, homologables
a nivel internacional, para la presentación del dossier por parte de la
industria, tanto para la evaluación económica propiamente dicha como para el
estudio de impacto presupuestario. Un procedimiento razonable sería el de
solicitar una revisión crítica a evaluadores externos del informe recibido de
la industria que ayude a formular una recomendación a la Comisión
Interministerial de Precios.
Lo
que se requiere para que sea creíble el paso hacia una cobertura selectiva de
prestaciones y medicamentos según la evidencia científica de la eficacia
comparada y coste-efectividad es algo más que una Red de Agencias o que un
nuevo Consejo Asesor: es un cambio estructural en el procedimiento y criterios
de financiación y de fijación de precios de los medicamentos. El ejemplo de
Reino Unido, Australia y Canadá en el uso de la efectividad comparada y el
ratio coste-efectividad en las decisiones de cobertura aporta evidencia no sólo
de que es factible su empleo en estas decisiones sino de que han incentivado la
producción de información de calidad sobre eficacia comparada y coste por AVAC
por el propio mercado. Los actores políticos deberían ser capaces de ponerse de
acuerdo en las reglas para que permitan tomar decisiones basadas en la
evidencia, con poca intromisión en las decisiones técnicas.
