viernes, 13 de abril de 2012

LOS MEDICAMENTOS SON EL BLANCO PREFERIDO DE LOS COPAGOS

Este texto forma parte del libro "¿Quien teme al copago? Los precios en nuestras decisiones sanitarias" (en prensa)


Desde hace décadas la entrega de medicamentos en la farmacia han sido el blanco preferido por los políticos para hacer pagar una parte del precio de los mismos al paciente. En los sistemas de salud basados en seguros privados, como el caso de Estados Unidos, el paciente tiene que pagar una parte del coste en forma de un precio en el momento de utilizar la atención sanitaria, pero este precio acostumbra incluso a representar casi siempre una proporción más elevada del coste cuando se dispensan en la farmacia medicamentos prescritos por el médico que cuando se trata de una visita.

A finales de la primera década del siglo XXI todos los sistemas de salud europeos, la mayoría de ellos financiados de forma mayoritaria mediante fondos públicos, exigen al paciente una parte del precio a la hora de hacerle entrega de medicamentos prescritos por un médico del seguro en la farmacia, con la única excepción de la población de la isla de Malta, que tan sólo cuenta con poco más de 400 mil habitantes. De todas formas, aunque sea general la política de rascar el bolsillo del paciente para entregarle medicamentos prescritos por médicos del seguro público en las farmacias europeas, la cantidad que se les hace pagar es generalmente más bien reducida, especialmente si se pone en comparación con el precio de venta de los medicamentos. Incluso aquellos sistemas de salud que casi no exigen ningún pago al paciente cuando utiliza los servicios sanitarios, como es el caso del Reino Unido, Dinamarca o España, el paciente tiene que hacer una contribución monetaria en la farmacia para recibir los medicamentos que se le han prescrito en la consulta del médico de atención primaria o del especialista.

Está tan arraigado en el subconsciente colectivo de los europeos la creencia de que hay que pagar por los medicamentos, que en los seguros públicos de salud en los que no se aplica copago a ningún otro componente de la atención sanitaria se llega a considerar que no existen copagos en ese país, como si los medicamentos, cuando se prescriben y utilizan de manera adecuada, no fueran precisamente un bien fundamental para mantener o restablecer la salud de las personas.

Los daneses no tienen que pagar nada cuando acuden a la consulta del médico o al hospital del seguro público, sin embargo, a la hora de ir a buscar a la farmacia los medicamentos que les ha prescrito el médico tienen que pasar por caja. En el año 2008 tenían que pagar la totalidad del precio de los medicamentos hasta acumular en 12 meses un gasto de 520 coronas danesas (unos 93 dólares). Superada esa franquicia, a medida que aumenta el gasto, los daneses tienen que pagar el 50%, 25% o 15% del importe adicional. Para los ingleses la situación es bastante parecida. Son atendidos gratuitamente en el momento de utilizar la sanidad pública excepto cuando se trata de recibir las medicinas prescritas por el médico. En Inglaterra se hace pagar 7,1 libras esterlinas (alrededor de 10 dólares) por cada receta prescrita por un médico del seguro público7.

Los alemanes están mucho más acostumbrados que ingleses, daneses y españoles, a pagar cuando acuden a la consulta del médico del seguro público, ya sea el de atención primaria o el especialista, así como cuando ingresan en el hospital. Sin embargo, a los 10 euros por la primera visita al médico dentro de cada trimestre, a finales de la primera década del siglo XXI tienen que añadir de su bolsillo entre 5 y 10 euros adicionales por cada receta, dependiendo de que el precio del medicamento sea más o menos elevado.

Los franceses están también acostumbrados a pasar por caja cada vez que van al médico. Tienen que pagar como mínimo el 30% del precio de la visita al médico de atención primaria y el 20% del de la visita al especialista, sumando a ello un euro adicional por cada visita. Aquellos que tienen contratado un seguro privado pueden recuperar una parte del porcentaje del precio de la visita pagado, pero no pueden obtener reembolso alguno de la suma pagada por el euro exigido tras cada visita. Pues bien, si estos copagos para las visitas ya son elevados, el copago por los medicamentos aún lo es más. Por cada receta prescrita por un médico a cargo del seguro público tienen que pagar 0,50 euros que no pueden recuperar a través de ningún otro seguro y un porcentaje del precio del medicamento del 35, 65 o 100 por cien. El porcentaje exigido por cada medicamento depende de su valor terapéutico, de su capacidad de curar o de mitigar los síntomas; cuanto más elevado es este valor y la necesidad del tratamiento, el porcentaje a cargo del paciente es “sólo” del 35%.

Es interesante observar que Holanda es posiblemente, dejando de lado el caso de Malta, el sistema de salud europeo financiado mayoritariamente con fondos públicos que es más generoso a la hora de entregar los medicamentos prescritos en la farmacia a sus pacientes. Estos últimos años los holandeses han asistido a la abolición del copago exigido por los medicamentos a pesar de que, aún siendo también gratuito el acceso a la consulta del médico de atención primaria, tienen que pagar de su bolsillo una franquicia por el coste de las visitas al especialista y por los ingresos al hospital que en 2008 oscila entre 165 y 665 euros. En la actualidad los holandeses pueden recibir sus medicamentos gratis siempre que el paciente elija un medicamento, entre los que se considera que son equivalentes por lo que respecta a su efecto sobre la salud (por ejemplo, medicamentos para el control de la hipertensión), que tenga un precio que no sea más elevado que el precio máximo que está dispuesto a pagar el seguro. Este precio máximo se denomina precio de referencia porque está referenciado con los precios más bajos observados en el mercado para medicamentos indicados para el mismo problema de salud y que el seguro considera que tienen un efecto terapéutico muy similar. Esto es lo que se conoce como un sistema de precios de referencia y que muchos otros países también han adoptado haciendo pagar al paciente la diferencia de precio entre el del producto elegido y el de referencia a fin de conducir las preferencias hacia los medicamentos similares pero de menor precio, siempre que exista más de una alternativa.

Posiblemente los pacientes suecos estén entre los pacientes europeos a los que salen más caros los medicamentos prescritos por el médico del seguro público. Al precio que tienen que pagar los suecos cuando acuden a la consulta del médico de atención primaria, equivalente a entre 12 y 18 dólares en 2008 (entre 24 y 36 dólares para las consultas al médico especialista) tienen que añadir una franquicia que representa el pago de la totalidad del gasto en medicamentos hasta alcanzar aproximadamente alrededor de 105 dólares. A partir de esta cantidad y hasta un máximo de 500 dólares anuales, los suecos pagan un porcentaje del gasto que va decreciendo desde el 50% hasta el 10%, siendo gratuito el gasto en medicamentos cuando ya se ha alcanzado la cifra de gasto de 500 dólares.

Doble moral sanitaria

Artículo publicado en EL GLOBAL, 16/04/2012

Parece que el gobierno del Estado ya ha empezado a concretar las cifras de recorte a la sanidad pública que gestionan las CCAA. Poner en duda la necesidad de un ajuste del gasto sanitario ante la crisis de ingresos públicos está fuera de lugar y negarla sólo ayudaría a los que no están por la defensa de la sanidad pública. Ahora bien, la presión que se está ejerciendo sobre el gasto sanitario, visto en su conjunto, es muy cuestionable.

La credibilidad del ajuste presupuestario en la sanidad debe empezar sin ninguna duda por un ejercicio responsable de las competencias que están en manos del Estado y que obligan a las Comunidades a pagar nuevas prestaciones y medicamentos y a eximir del copago a los nuevos pensionistas, de cualquier edad y renta, por decisiones de un Estado que, por otro lado, les obliga a ahorrar y les acusa de manirrotas. Esta es una situación de doble moral.

Más que carteras de servicios “nacionales” de imposible consenso político sería más útil una apuesta decidida por identificar con criterios científicos una lista de servicios de escaso o nulo valor cuyo uso debería reducirse. Carece de sentido imponer ahorros a la sanidad mientras cada mes el gobierno central aprueba la financiación de nuevos medicamentos de forma escasamente transparente y sin relación con la efectividad comparada ni con una relación coste-efectividad razonable.

Resolver esta doble moral pasa a corto plazo también por incentivar la corresponsabilización de los pacientes redistribuyendo el copago farmacéutico actual y eliminando la amplia exención relacionada con la jubilación, hacia copagos evitables -no pagar más por lo mismo y que si el paciente lo desea pague la diferencia de precio-, diferenciales -cuanto más necesario y costo/efectivo, menor copago-, y con un límite relacionado con la renta quedando exentos sólo los realmente más pobres.

¿Es eficiente desfinanciar medicamentos?

Artículo publicado en CORREO FARMACÉUTICO 9-15 abril 2012 , por Juan Oliva y Jaume Puig-Junoy


Recientemente se publicaba en el CF, 9-15 de enero, la noticia de que la ANEFP proponía al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desfinanciar varios grupos terapéuticos (lágrimas artificiales, mucolíticos y antidiarréicos), con un ahorro estimado para las arcas públicas de de 131 millones de euros, sin generación de problemas de salud añadidos, y con posibilidad de ampliar a un futuro a otros grupos terapéuticos (antitusivos, laxantes, antiácidos, antivirales tópicos, antihistamínicos, analgésicos no narcóticos y los antimicóticos).

Para los autores de estas líneas un mayor énfasis en la educación sanitaria y en la responsabilidad individual hacia el cuidado de la propia salud son valores a promover en el marco de nuestro Sistema Nacional de Salud. Para tomar decisiones de inclusión/exclusión en la cobertura pública quizás sería buen criterio valorar también la evidencia sobre eficacia y coste-efectividad, además de considerar el carácter menor de los síntomas, así como identificar los incentivos más adecuados para favorecer el autocuidado.

En el caso de las listas negativas de medicamentos (sacar fuera del paquete de fármacos financiados públicamente a un conjuntos de medicamentos), contamos con lecciones aprendidas en otros países de nuestro entorno en momentos demasiado recientes como para desestimar sus experiencias. En el año 2011 Özden Gür y Basak publicaron en la revista European Journal of Health Economics el efecto de la desfinanciación de medicamentos sobre el gasto farmacéutico en Turquía, tanto de los medicamentos dejados de financiar como de las alternativas terapéuticas que continúan siendo financiadas. El gasto anual en los medicamentos desfinanciados se redujo de forma notable, pero por el contrario el gasto en las alternativas potenciales aumentó de forma muy destacada después de la intervención. El impacto neto de la intervención sobre el gasto para el conjunto de los cuatro grupos terapéuticos fue nula. Lo comido por lo servido.

En Francia desde el año 2006 se han venido desfinanciando medicamentos de baja o nula eficacia para síntomas menores como los mucolíticos y expectorantes. El número de visitas a pacientes con problemas respiratorios agudos a los que se prescribía un mucolítico o expectorante antes de la intervención cayó a menos de la mitad. Sin embargo, simultáneamente, se produjo un aumento en la tasa de prescripciones de supresores de la tos y de otros broncodilatadores todavía financiados. Esta intervención ha reducido el gasto público pero ha tenido un éxito económico y sanitario sólo muy parcial. Al cabo de 4 años, la sustitución por antitusivos compensa el 55% del ahorro en mucolíticos y expectorantes.

Bien por una mayor presión del usuario que acude a la consulta y que solicita un medicamento con financiación pública, bien porque el prescriptor asume el papel de agente que protege más los intereses de su paciente que las cuentas públicas, se produce un efecto de traslación o sustitución de los medicamentos que dejan de ser financiados por otros aún con cobertura pública.

Varios de los medicamentos señalados como objetivo de desinversión pueden comprarse sin receta en España. Por tanto, los ciudadanos que deseen adquirir estos productos sin pasar por la consulta médica pueden hacerlo libremente. La simple exclusión, de forma aislada, no es garantía por si sola de mejor autocuidado. Una medida unilateral de desfinanciación pública de estos y otros productos, sin las necesarias explicaciones, podría causar desafección entre usuarios y prescriptores, lo cual derivaría en un fuerte efecto sustitución. Desfinanciar algunos grupos completos de fármacos para síntomas menores podría ser una medida integrada en un programa de promoción de la educación para el autocuidado del paciente. El papel del prescriptor y de la gestión sanitaria es clave para ello así como para evitar que la sustitución convierta una buena idea en un resultado incierto.

No obstante, la lista negativa como herramienta aislada de uso racional de medicamento tiene un recorrido limitado. El debate sobre la necesidad de financiar públicamente sólo aquellos medicamentos y prestaciones ateniéndonos al balance de su coste y su valor terapéutico y social (balance coste efectividad) está hace tiempo presente en nuestro medio. En cambio, mientras otros países europeos daban el paso adelante, la práctica de medidas concretas en nuestro país brillaban por su ausencia. Quizás en vez de transitar por medidas parciales debamos plantearnos cuáles deben ser los ejes sobre los que vertebrar reformas necesarias para preservar un SNS eficaz, equitativo, solvente y menos vulnerable ante presentes y futuras crisis (http://www.aes.es/Publicaciones/DOCUMENTO_DEBATE_SNS_AES.pdf).

martes, 10 de abril de 2012

La bolsa de Montoro o más de lo mismo, mareando la perdiz




Asunto del día en R5 - ¿Es el copago la solución del déficit de la Sanidad?

Desde que el gobierno anunció un recorte de 10 mil millones de euros en los presupuestos de Sanidad y Educación,

el debate se ha ido intensificando. Hemos escuchado esta mañana en RNE al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,

dar algunas pistas pero sin concretar, por dónde pueden ir esos recortes o medidas de ahorro.

Hablamos con Jaume Puig, profesor de Economía de la Salud en el Departamento de Economía de la Empresa de la universidad Pompeu Fabra de Barcelona

http://www.rtve.es/alacarta/audios/asunto-del-dia-en-r5/asunto-del-dia-r5-copago-solucion-del-deficit-sanidad/1372011/

Necesitamos un ajuste fino, dice, las prisas son mala consejera. "Es cierto que hay que revisar la cartera de prestaciones, tenemos un sistema que funciona bien pero que tiene mal pronóstico si continua financiando cualquier medicamento o teconologia con independencia del valor que aporta".

Hay que tener claro en qué desinvertimos con criterios técnicos que no políticos.

"El copago es una medida que puede formar parte de la solución pero en absoluto es la solución de la financiación sanitaria". En cuanto al gasto farmacéutico llevamos años, explica, en que hemos machacado hasta el límite el precio y sin embargo el gasto continúa creciendo. "No tenemos un problema con el precio de los medicamentos sino con la cantidad de recetas que se prescriben"(10/04/12).

Escucha al ministro Cristóbal Montoro

Escucha a Trinidad Jiménez PSOE

y el profesor Juan Oliva buscando tambien la bolsa de los siete mil millones:

Asunto del día en Radio 5 - Los medicamentos se pagarán en función de la renta

http://www.rtve.es/alacarta/audios/programa/asunto-del-dia-radio-los-medicamentos-pagaran-funcion-renta/1372593/

sábado, 17 de marzo de 2012

NUEVO RECONOCIMIENTO A LA LABOR INVESTIGADORA Y ACADÉMICA DE BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ VALCÁRCEL


El cabildo de Gran Canaria ha reconocido a Beatriz González López-Valcárcel con la distinción Gran Canaria a su labor investigadora y académica (15 de marzo de 2012). Bea, una de las mejores y más influyentes economistas de la salud de este país hace años que ha hecho méritos para merecer esto y mucho más. Es una suerte inmensa para este país contar con economistas de la salud con la capacidad y entusiasmo de Bea. Contar con ella como co-autora ha sido un privilegio del que espero seguir gozando. Bea, sigue así por muchos años!
Link a la noticia y fotos!

viernes, 9 de marzo de 2012

EVALUACIÓN ECONÓMICA: ENTRE RECORTES Y DESINVERSIÓN

Presentación en la III Jornada de Farmacoeconomía organizada por Aes y CatSalut, 7 de marzo de 2012:
La evaluación económica en el contexto europeo: entre recortes y desinversión.

Dos lecturas relacionadas que aportan una reflexión útil y afinada sobre el papel de los precios basados en el valor para quien quiera tomarse en serio en nuestro país el papel de la efectividad comparada y el coste-efectividad incremental en las decisiones de reembolso y de precio:



martes, 6 de marzo de 2012

LA SANIDAD BUSCA UNA AGENDA SENSATA

Artículo publicado en EL ECONOMISTA 16 marzo 2012

Parece que se aproxima una potencial asfixia de la sanidad pública procedente de Hacienda. Así lo apuntan las cifras recientes del déficit público español y el reparto de la capacidad de gasto para este bienio que trata de imponer de forma arbitraria el gobierno central. Mientras tanto, a juzgar por el último Consejo Interterritorial “cohesionado” por la ministra, la agenda de la política sanitaria da muestras de resistirse a concretar un ajuste estructural más allá de lo cosmético.

Poner en duda la necesidad de un ajuste del gasto sanitario ante la crisis de ingresos públicos está fuera de lugar y negarla sólo ayudaría a los que no están por la defensa de la sanidad pública. Ahora bien, la presión que se está ejerciendo sobre el gasto sanitario, visto en su conjunto, es muy cuestionable. El reparto de los objetivos de déficit no es proporcional a la cuota de gasto de las Comunidades y el Estado. El coste social de un ajuste forzado en sanidad y educación cuesta creer que compense remotamente el ahorro esperado. El ajuste del gasto debe empezar por los servicios de menor valor sin tener en cuenta qué administración los gestiona. Lo que vale para el conjunto no vale para todos. Algunas comunidades, como Catalunya, han hecho ajustes en el gasto que superan a los de Grecia, mientras que otras los siguen posponiendo. La presión demográfica sobre la sanidad de cada comunidad también es muy diferente. Sobran razones para justificar que el ajuste debe ser asimétrico.

La credibilidad del ajuste presupuestario en la sanidad depende sobre todo de la capacidad para evolucionar en un plazo razonable hacia una financiación selectiva de las prestaciones médicas, los medicamentos y las tecnologías basada en el mejor conocimiento científico disponible. Invertir en evaluar la eficacia incremental comparada de cualquier nuevo tratamiento, o de los ya existentes en el mercado, es la forma más efectiva de garantizar la solvencia futura del sistema sanitario público.

Más que carteras de servicios “nacionales” o grandes pactos de Estado, sería más útil una apuesta decidida por identificar con criterios científicos una lista de servicios de escaso o nulo valor cuyo uso debería reducirse. Y, al mismo tiempo, cerrar sin demora la puerta a nuevos medicamentos, procedimientos o dispositivos de elevado precio y con una aportación terapéutica escasa o muy incierta. O al menos, establecer una moratoria en tal sentido, con la misma “provisionalidad” de las modificaciones fiscales y retributivas.

En un escenario de congelación fiscal, tenemos que garantizar que cada euro que se gasta en algo nuevo aporta mayor valor en salud que el valor que se pierde con el servicio que se desplaza o disminuye. Resulta insensato gastar en un nuevo tratamiento con un coste para el sistema de millones de euros anuales a cambio de una mejora muy incierta según los ensayos clínicos en supervivencia y calidad de vida.

Una reforma estructural de este tipo requiere de un organismo de ámbito estatal, virtual o real, con autonomía y distanciada de los Gobiernos central y autonómicos, de carácter técnico, cuyo objetivo sería informar las decisiones sobre financiación, desinversión y reinversión: definiendo/delimitando las indicaciones médicas sobre la base de criterios de eficacia, seguridad, y coste-efectividad revisables en el tiempo. El ejemplo de países europeos como Alemania, Holanda, Dinamarca, Reino Unido o Suecia en el uso de la efectividad comparada y el ratio coste-efectividad en las decisiones de cobertura y de precios aporta experiencia de la que tomar ejemplo y seleccionar las prácticas más efectivas y baratas.

Para evitar confusiones interesadas: esto no tiene nada que ver con que las CCAA tengan más presencia en la comisión de precios de medicamentos, sino con un cambio radical en los criterios que informan las decisiones de cobertura y precios.

La crisis económica ofrece la oportunidad de abordar reformas que en época de abundancia difícilmente entrarían en la agenda política. Esa oportunidad debe aprovecharse de forma inmediata para evitar que los recortes conduzcan a un deterioro del sistema público de salud y a una pérdida de calidad asistencial.