Artículo publicado en EL GLOBAL, 16/04/2012
Parece que el gobierno del Estado ya ha empezado a concretar las cifras de recorte a la sanidad pública que gestionan las CCAA. Poner en duda la necesidad de un ajuste del gasto sanitario ante la crisis de ingresos públicos está fuera de lugar y negarla sólo ayudaría a los que no están por la defensa de la sanidad pública. Ahora bien, la presión que se está ejerciendo sobre el gasto sanitario, visto en su conjunto, es muy cuestionable.
La credibilidad del ajuste presupuestario en la sanidad debe empezar sin ninguna duda por un ejercicio responsable de las competencias que están en manos del Estado y que obligan a las Comunidades a pagar nuevas prestaciones y medicamentos y a eximir del copago a los nuevos pensionistas, de cualquier edad y renta, por decisiones de un Estado que, por otro lado, les obliga a ahorrar y les acusa de manirrotas. Esta es una situación de doble moral.
Más que carteras de servicios “nacionales” de imposible consenso político sería más útil una apuesta decidida por identificar con criterios científicos una lista de servicios de escaso o nulo valor cuyo uso debería reducirse. Carece de sentido imponer ahorros a la sanidad mientras cada mes el gobierno central aprueba la financiación de nuevos medicamentos de forma escasamente transparente y sin relación con la efectividad comparada ni con una relación coste-efectividad razonable.
Resolver esta doble moral pasa a corto plazo también por incentivar la corresponsabilización de los pacientes redistribuyendo el copago farmacéutico actual y eliminando la amplia exención relacionada con la jubilación, hacia copagos evitables -no pagar más por lo mismo y que si el paciente lo desea pague la diferencia de precio-, diferenciales -cuanto más necesario y costo/efectivo, menor copago-, y con un límite relacionado con la renta quedando exentos sólo los realmente más pobres.
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