DESFINANCIAR MEDICAMENTOS CON PRUDENCIA

Artículo publicado en EL PERIÓDICO 9/03/2012

Quizás es usted de los que aún piensan que no paga nada o muy poco por los medicamentos. Probablemente sólo se acuerde de cuando acude a la farmacia a buscar fármacos que necesitan de una prescripción médica y que el sistema sanitario público le subsidia en su totalidad si es pensionista o en un 60% o 90% si no lo es. Pero hay muchos otros medicamentos que se venden en la farmacia que se pueden comprar sin receta médica y que usted seguramente ha utilizado en alguna ocasión.

Son ya bastantes los países europeos que en la última década han dejado de financiar algunos medicamentos para síntomas menores y los han pasado a venta sin receta con precio libre. A esto se le llama desfinanciar medicamentos. La desfinanciación se asocia a una reducción del gasto para el sistema sanitario público gracias al descenso en el consumo de medicamentos cubiertos y a un menor número de visitas médicas, aunque también puede suponer riesgos potenciales.

La desfinanciación puede tener lógica clínica cuando se trata de fármacos de baja o nula efectividad indicados para síntomas menores. La lógica económica no es siempre clara si lo que se pretende es reducir el gasto público en medicamentos. Que se reduzcan las prescripciones de estos medicamentos no es nada extraño, pues médico y pacientes saben que ahora son más caros para ellos ya que ha desaparecido el subsidio del seguro. Pero muchos pacientes siguen acudiendo a la consulta del médico en busca de tratamiento y esperan que les prescriba algo que esté cubierto y que no sea tan caro como el precio completo de medicamentos que tomaba antes. La lógica económica lleva a pensar que el médico, con mayor o menor presión del paciente, tratará de prescribir un sustituto que no haya sido excluido o suprimido de la lista de los que reciben subsidio del seguro.

En Francia desde 2006 se han venido desfinanciando medicamentos de baja o nula eficacia para síntomas menores como los mucolíticos y expectorantes. La proporción de visitas a pacientes con problemas respiratorios agudos en las se prescribía un mucolítico o expectorante antes de la intervención era de casi una cuarta parte y la desfinanciación redujo esta tasa a menos de la mitad. Pero, simultáneamente, se produjo un aumento inesperado en las prescripciones de supresores de la tos y de otros broncodilatadores todavía financiados.

Esta medida en Francia ha reducido el gasto del seguro público pero ha tenido un éxito económico y sanitario sólo parcial. Al cabo de cuatro años, la sustitución por antitusivos se come más de la mitad del ahorro en mucolíticos y expectorantes (efecto sustitución). El aumento de las prescripciones de supresores de la tos es algo sorprendente desde el punto de vista clínico ya que en el caso de las tos blanda, húmeda o productiva, precisamente debe facilitarse la expectoración y sólo cuando es muy intensa e impide el descanso se deben usar antitusígenos. Esta sustitución sólo se podría entender, que no justificar, si los médicos franceses consideran que sustituyen un placebo por otro!

No se puede pasar por alto que el paso a fármaco a venta libre sin receta se acompaña generalmente de libertad de precios por lo que el precio de los medicamentos desfinanciados, si se continúan consumiendo, puede aumentar de forma muy considerable y suponer un notable aumento del gasto para el paciente. Este es el caso observado en Francia, con un aumento medio del precio de 43% después de la desfinanciación.

El autocuidado tiene sentido sólo cuando hay evidencia de que el tratamiento es eficaz. Tendría poco sentido fomentar el autocuidado con fármacos de eficacia escasa o incluso nula y sin vigilar además que exista la necesaria competencia de precios en el mercado.

La experiencia apunta en la dirección de que cualquier decisión que se tome en España de excluir medicamentos de la financiación pública (desfinanciación) es aconsejable que vaya acompañada de una intervención tanto informativa como formativa dirigida a médicos, y también a pacientes, a fin de modificar las decisiones clínicas en la dirección de una prescripción más racional y basada en la evidencia. Conviene además que las autoridades de la competencia vigilen los precios una vez desfinanciados, tal como alerta el caso francés.

Los beneficios de este tipo de medida no pueden darse por descontados sino que conviene evaluar con rigor y transparencia y rendir cuentas no sólo del impacto directo (ahorro) sino del impacto conjunto teniendo en cuenta la posible sustitución, el efecto sobre los precios y el gasto para el paciente, así como los riesgos sanitarios de síntomas no tratados o incluso de una sustitución inadecuada. De no ser así, un futuro no deseable, pero no del todo inverosímil, nos podría llevar a que el conjunto de la sociedad acabara pagando más por una asistencia que no fuera mejor.