Goldman DP, Lakdawalla
DN, Baumgardner JR, Linthicum MT. Are Biopharmaceutical Budget Caps Good Public Policy?. Econs Voice; 2016; 13(1):27-42.
Objetivo
El objetivo de este artículo
consiste en analizar desde el punto de vista teórico los principios económicos
que violan las medidas basadas en imponer límites máximos al gasto en
medicamentos y proponer potenciales soluciones a los problemas creados por este
tipo de políticas.
Datos y método
El estudio identifica
los seis principios económicos que violan los techos máximos de gasto que
utilizan algunos aseguradores públicos y privados en Estados Unidos y, en
general, las políticas que basan las decisiones de cobertura en la capacidad
presupuestaria, presenta un caso de estudio basado en la experiencia de las
evaluaciones de una organización privada no luratica como el Institute for Clinical and Economic Review
(ICER) en Estados Unidos y enuncian cuatro propuestas para corregir los errores
de estas políticas.
Resultados
Las
políticas analizadas en el artículo violan los seis principios económicos
siguientes: 1) el gasto en atención sanitaria debe ser considerado como una
inversión: tiene sentido cubrir un nuevo tratamiento si los beneficios
potenciales, actuales y futuros, son superiores a los costes (por ejemplo, que
el asegurador pague por la inversión pasada cuando recibe un nuevo asegurado,
la idea de los “health coins”); 2) el
coste es una medida inadecuada del valor: lo relevante es comparar el beneficio
incremental con el coste incremental; 3) adoptar como guía la disponibilidad
presupuestaria a corto plazo puede empeorar los resultados a largo plazo:
muchas innovaciones muestras sus beneficios a medio y largo plazo, no es
necesario requerir reducciones de costes compensatorias a corto plazo; 4) la
atención sanitaria proporciona un amplio abanico de beneficios a la sociedad: las
mejoras de productividad y la reducción del coste de cuidadores también son
beneficios sociales; 5) las decisiones basadas en la disponibilidad
presupuestaria actual se anclan en el status quo: implican mayores barreras
para las innovaciones que para lo que actualmente ya se financia, a pesar de la
evidencia de uso inadecuado e ineficiente; y 6) los consumidores valoran la innovación:
cuando la disponibilidad individual es superior al coste no es eficiente
imponer límites al gasto. Las cuatro potencias soluciones son las siguientes:
1) corregir los incentivos de los planes de salud a la infrainversión en
tratamientos que proporcionan ganancias futuras en salud; 2) guiar las
decisiones de cobertura por un análisis coste-efectividad dinámico y no
estático que tenga en cuenta el valor a largo plazo; 3) utilizar formas
innovadoras de contratación que alineen los costes con los beneficios futuros,
como los contratos de riesgo compartido; y 4) facilitar que los precios
reflejen el valor incremental de las innovaciones y así se oriente de forma
eficiente la inversión en I+D, lejos de techos máximos de gasto o de precios.
Conclusiones
Los
límites máximos de gasto y las decisiones de cobertura basadas en la
disponibilidad presupuestaria de los aseguradores a corto plazo pueden ser
dañinas para la salud de la población a largo plazo. Siendo el gasto sanitario
una inversión, los techos de gasto no pueden ser la respuesta sino que se deben
buscar mecanismos de decisión que tengan en cuenta el valor a largo plazo.
Correspondencia: Dana P. Goldman. E-mail:dana.goldman@usc.edu.
COMENTARIO
Las razones por las
que las políticas de límites o techos máximos de gasto farmacéutico no son una
buena política pública se ejemplifican en este artículo para seguros privados y
públicos en Estados Unidos. Sin embargo, en los sistemas públicos europeos es donde
esta lista puede tener más vigencia. Después
de la recesión iniciada en 2008, se han introducido políticas de austeridad
basadas en techos o límites máximos al gasto farmacéutico, así como criterios
de cobertura y precio de innovaciones biotecnológicas basados exclusivamente en
la disponibilidad presupuestaria a corto plazo. Un ejemplo son las medidas que
imponen que el gasto farmacéutico deba crecer al ritmo del PIB, como el acuerdo
alcanzado en España entre Farmaindustria y el Ministerio de Hacienda y el de Sanidad,
precisamente con quienes no gestionan el gasto farmacéutico, vinculando el
crecimiento del gasto farmacéutico al PIB a partir del diciembre 2015 con un
plazo máximo de 3 años.
Resulta arbitrario y
contraproducente anclar el volumen de una parte del gasto sanitario, el de las
innovaciones biofarmacéuticas, a la evolución del PIB. Las dinámicas del PIB a
corto plazo y del gasto farmacéutico obedecen a lógicas distintas. La cuota de
gasto farmacéutico sobre gasto sanitario y sobre PIB no debe permanecer
constante. Tampoco deben crecer al mismo ritmo los distintos componentes del
gasto sanitario, esta premisa responde a una lógica gremialista de la defensa
de rentas de cada proveedor (personal sanitario, hospitales, empresas de
tecnología médica y biofarmacéuticas, etc.) contraria al bienestar social. Sería
ineficiente que la inversión social en innovaciones valiosas esté sujeta a los
avatares del ciclo económico. Tampoco resulta eficiente que se penalice o
premie a los innovadores no por el valor aportado sino por las variaciones
caprichosas del PIB de año en año.
Frente a decisiones
basadas exclusivamente en la disponibilidad presupuestaria a corto plazo hay
que contraponer, en primer lugar, un uso adecuado y más comprehensivo del
análisis coste-efectividad huyendo de la perspectiva del pagador para favorecer
una perspectiva social que incluya también los beneficios y costes indirectos o
sociales a corto y a largo plazo (cambios en la productividad, valor del tiempo
no remunerado, cuidados formales e informales, etc.). En segundo lugar, favorecer
instrumentos de financiación sanitaria que aíslen el gasto de las fluctuaciones
de los ingresos fiscales a corto plazo y que favorezcan la aplicación de la
disposición a pagar de los pacientes para las prestaciones menos
coste-efectivas. Y, en tercer lugar, políticas de precios y financiación que
premien la I+D a través de ratios coste-efectividad dinámicos que re-evalúen la
evidencia en el uso real después del acceso al mercado (riesgo compartido) y
que tengan en cuenta los precios no sólo a corto plazo sino a largo cuando las
innovaciones pierden la patente o protección y los precios caen.
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