El crecimiento continuado del gasto farmacéutico constituye un reto
para la financiación de la mayoría de sistemas de salud pero es, en parte,
también el resultado de décadas de avance tecnológico que han permitido cambiar
el impacto de muchas enfermedades sobre la supervivencia y sobre la calidad de
vida.
Viendo las medidas de reducción
del precio adoptadas por los sucesivos gobiernos en la última década uno podría
pensar que la causa del mayor gasto se encuentra en los elevados precios,
derivados de los continuos descubrimientos aportados por la investigación. Nada
más lejos de la realidad. En la década pasada el precio de los medicamentos se
redujo en más de un 10%, descontando la inflación, mientras aumentaba en más de
un 30% el número de recetas que cada ciudadano ha ido a buscar a la farmacia.
Si hay algún problema con el gasto farmacéutico, la causa se debe buscar más en
el consumo que en el precio.
Las medidas urgentes de reforma sanitaria publicadas en el BOE del
pasado martes pueden tener un notable impacto sobre el consumo de medicamentos
que nos financia el Sistema Nacional de Salud. Aunque la más llamativa
para el ciudadano es la reforma del copago, pero el Real Decreto Ley no
se ha quedado sólo en eso. A partir de ahora se podrán desfinanciar
tratamientos para síntomas menores y a la hora de fijar precios regulados se podrá tener en cuenta la relación entre el
coste y la efectividad o mayor valor terapéutico de los nuevos medicamentos que
ahora llegan al mercado con precios muy elevados, a despecho de su contribución
a la mejora del arsenal disponible.
La reforma de copago aprobada por el gobierno supone el fin de la gratuidad de las recetas y posiblemente
del sobreconsumo asociado al precio cero para los pensionistas que ha perdurado
más de 33 años. Se ha optado por hacer pagar a todos y eximir sólo a los más
pobres, sean o no pensionistas. Pero esto no acaba con la poco útil distinción
entre activos y pensionistas. Mientras éstos últimos no pagarán más del 10% del
precio, para muchos de los enfermos activos con una renta similar el coste será
del 40 y 50% del precio, excepto para tratamientos etiquetados como crónicos.
Ha sido acertado establecer un coste máximo mensual por persona bastante
reducido, de 8 euros, que puede aumentar a 18 cuando la renta supere los 18.000
euros anuales, pero esto sólo se aplica a los pensionistas y no al resto de la
población. Aplicar un límite máximo a todos es necesario ya que el gasto en un
año se concentra en un número de reducidos de personas muy enfermas. Por otro
lado, el sistema es a todas luces de gestión complicada y costosa sin necesidad
alguna al pretender mezclar el copago con el nivel de renta, algo que complica
innecesariamente los cobros llegando a
la gestión semestral de devoluciones. Sería suficiente hacer pagar un mismo
porcentaje del precio a casi todos, aplicando un límite máximo de aportación
acumulada cada año por persona como en Suecia o un límite en forma de
porcentaje máximo de la renta que se puede llegar a pagar, como en Alemania.
Ahora lo que se requiere para que sea creíble la voluntad de ir hacia
una cobertura selectiva de prestaciones y medicamentos según la evidencia
científica de la eficacia comparada y coste-efectividad es un cambio
estructural en el procedimiento y criterios de financiación y de fijación de
precios de los medicamentos. El ejemplo de Reino Unido, Australia y Canadá en
el uso de la efectividad comparada y el ratio coste-efectividad en las
decisiones de cobertura aporta evidencia no sólo de que es factible su empleo
en estas decisiones sino de que han incentivado la producción de información
sobre eficacia comparada por el propio mercado.
Esto requiere voluntad política para establecer un procedimiento
objetivo, independiente, muy transparente y basado en el conocimiento
científico, lo que va bastante más allá de lo avanzado en la reforma de esta
semana que se limita a coordinar las agencias de evaluación autonómicas o a
simplemente decir que se podrá tener en cuenta el valor de lo que paga por los
nuevos medicamentos.
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